La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 17 operativos de inspección entre el 15 y 31 de agosto y clausuró predios que acumulaban más de 3 mil 700 hectáreas de selva devastada en la Península de Yucatán. Las acciones contaron con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y corporaciones estatales de seguridad, informó la autoridad ambiental.
Las inspecciones se concentraron en los estados del sur del país, donde los equipos detectaron desmontes y cambios de uso de suelo realizados sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El personal localizó focos de siembra de monocultivos agroindustriales tras el arrasamiento de la selva, especialmente en áreas bajo influencia de comunidades menonitas.
En el municipio de Hopelchén, en Campeche, fueron clausurados dos predios ubicados en los ejidos Xmaben y Francisco J. Mújica, donde la afectación alcanzó 247.085 hectáreas. Además, la autoridad aseguró maquinaria pesada tipo oruga, según notificó la Profepa.
En Quintana Roo, los operativos se desplegaron en los municipios de José María Morelos y Bacalar, así como en el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax. Las afectaciones sumaron 2 mil 531.12 hectáreas, y se decomisó un tractor con bomba de fumigación.
En el estado de Yucatán, las inspecciones se enfocaron en el municipio de Tekax, cubriendo los ejidos Nohalal, Emiliano Zapata y Poccheil. La superficie impactada fue de 968.62 hectáreas, en donde las autoridades procedieron al aseguramiento de maquinaria como una Caterpillar D8, una retroexcavadora, una perforadora de pozo y tres tractores agrícolas, precisó la Profepa.
Las cifras oficiales establecen que durante los 17 operativos recientes se clausuraron predios con un daño total de 3 mil 747.59 hectáreas de selva: 247.85 en Campeche, 2 mil 531.12 en Quintana Roo y 968.62 en Yucatán.
De acuerdo con la Profepa, de mayo a agosto de 2025 se llevaron a cabo 25 operativos en la Península de Yucatán, con el resultado de 6 mil 325.60 hectáreas de selva afectadas. Autoridades ambientales convocaron además la integración de una mesa interinstitucional de combate a la tala ilegal y deforestación para el estado de Quintana Roo, en coordinación con los tres niveles de gobierno, para frenar los procesos irregulares de cambio de uso de suelo en las selvas.
La procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell, declaró que “además de las clausuras, en todos estos casos hemos abierto procedimientos administrativos y, hasta el momento, hemos presentado 13 denuncias penales”. La funcionaria subrayó: “Tenemos el compromiso de trabajar en coordinación con instituciones de los tres niveles para frenar estos desmontes ilegales y avanzar hasta obtener sanciones ejemplares para quienes arrasan con las selvas y para establecer procesos de restauración de la vegetación nativa”.
