La muerte de un bebé de ocho meses con signos de maltrato, cuyo cuerpo fue hallado en la Funeraria Latinoamericana de Tijuana, ha dado lugar a una investigación por homicidio doloso y puso bajo escrutinio tanto al personal médico como a los empleados de la funeraria.
Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Baja California, encabezada por María Elena Andrade Ramírez, aseguró el establecimiento tras detectar irregularidades graves en el manejo de cuerpos y la omisión de notificaciones obligatorias al Ministerio Público.
El cateo a las instalaciones del servicio funerario, ubicado sobre la Vía Rápida Poniente, se realizó la noche del miércoles 10 de septiembre, después de que el cuerpo del menor, identificado como Dayan Alejandro, fuera trasladado directamente desde el Hospital General sin que se informara a las autoridades ministeriales, como exige la ley.
Siete cuerpos sin reportar y una autopsia clave
De acuerdo con la investigación, el personal de la funeraria recibió el cuerpo y lo preparó para velación y sepelio, sin cumplir con el procedimiento legal de notificación, lo que generó sospechas sobre la posible comisión de un delito.
La autopsia practicada por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinó que la causa de muerte del menor fue traumatismo craneoencefálico, un hallazgo que refuerza la hipótesis de homicidio doloso.
Según la fiscal Andrade Ramírez, el caso estuvo cerca de quedar impune de no haberse realizado el cateo y la intervención oportuna.
“Si el Ministerio Público no hubiera hecho el cateo inmediato para rescatar al menor y llevarlo a la práctica de la autopsia de ley, es evidente que ese crimen hubiera quedado impune. Porque el cadáver hubiera sido sepultado como una muerte natural”, declaró la funcionaria.
Durante el operativo, las autoridades también localizaron otros siete cuerpos en la funeraria, los cuales tampoco habían sido reportados al Ministerio Público.
Sin embargo, tras las autopsias correspondientes, se determinó que estas muertes ocurrieron por causas naturales, según confirmaron fuentes de la Fiscalía.
A pesar de ello, la omisión en el proceso de notificación representa una falta grave y ha motivado la ampliación de las investigaciones sobre el actuar de la funeraria y del personal involucrado.
La titular de la Fiscalía General subrayó que la investigación no se limita al personal de la funeraria, sino que también abarca a trabajadores del Hospital General y a posibles civiles que pudieran estar implicados en la cadena de irregularidades.
Andrade Ramírez enfatizó que “no descartamos mayores participaciones de personal, tanto del Hospital General como civiles”, y reiteró el compromiso de la institución para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Como parte de las acciones legales y administrativas, la Funeraria Latinoamericana fue asegurada la tarde del jueves 11 de septiembre, una vez que los cuerpos fueron entregados a sus familias.
Además, la Fiscalía notificó a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Baja California, a la Secretaría de Salud y al Registro Civil para que investiguen posibles faltas administrativas y refuercen la vigilancia sobre los procedimientos funerarios, según detalló Zeta Tijuana.
La Fiscalía General del Estado advirtió que mantendrá una estricta supervisión sobre los servicios funerarios en la entidad y que aplicará todo el peso de la ley a quienes incurran en irregularidades que puedan derivar en delitos.
Andrade Ramírez dejó claro que las consecuencias legales alcanzarán tanto a quienes rodeaban al menor como a los médicos y empleados de la funeraria que hayan incumplido sus obligaciones legales, reafirmando la determinación de la autoridad para evitar que hechos de esta naturaleza queden sin castigo.
