Durante “La Mañanera del Pueblo” de este 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que existen nuevos avances y un “trabajo científico” en las investigaciones respecto al crimen del caso Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
Según la mandataria, los nuevos resultados se han centrado en “pruebas” (sin especificar de qué tipo) y el chequeo de registros telefónicos por parte de las autoridades y del nuevo fiscal en la Unidad Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa (UELICA), Mauricio Pazarán Álvarez.
“El nuevo fiscal, en colaboración con la Secretaría de Seguridad (y Protección Ciudadana federal), realizan nuevos análisis que no se habían realizado a profundidad como, por ejemplo, la investigación de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores”, señaló la mandataria.
La titular del Ejecutivo Federal también dejó claro que si bien se están presentando esta nueva serie de acciones a favor de esclarecer lo sucedido, también hay ciertos puntos que deben mantenerse “en secrecía” por el proceso legal. No obstante, según dijo, todas estas reuniones han mantenido el visto bueno de los familiares de las víctimas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”.
La renuncia del abogado Vidulfo Rosales: otro cambio en la búsqueda de justicia para Ayotzinapa
La renuncia de Vidulfo Rosales Sierra a la defensa de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y su salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan marcaron un giro en la prolongada exigencia de justicia por el caso ocurrido durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
En entrevista con Infobae México, Rosales explicó que su decisión respondió a cuestiones estrictamente personales y médicas: “La defensa de los familiares exige una dedicación total, y en este momento eso es incompatible con mi situación de salud y otras consideraciones”.
Durante casi una década, Rosales encabezó la representación del colectivo “Nos Faltan 43″, el cual agrupa a madres y padres de los normalistas desaparecidos. Aseguró que su labor siempre se realizó bajo el paraguas de Tlachinollan: “Mi trabajo nunca fue individual; siempre lo hice en nombre del Centro. Al separarme pierdo el respaldo institucional, político y moral necesario para enfrentar las presiones y amenazas del caso”.
El abogado reconoció que su salida es emocionalmente compleja: “Es una decisión que me causa tristeza y consternación, tanto a mí como a los familiares de los desaparecidos”. No obstante, sostuvo que Tlachinollan cuenta con un equipo jurídico completo que garantizará la continuidad de la representación legal y el acompañamiento político de las familias.
Rosales también desmintió que su renuncia estuviera vinculada a una eventual invitación para colaborar con la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual es encabezada actualmente por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz:
“Existe un diálogo de respeto por la defensa de los pueblos indígenas, pero no he recibido ninguna invitación formal”, aclaró.
Crisis en la UELICA: de las revelaciones de Omar Gómez Trejo a la renuncia de Rosendo Piedra
En paralelo, el caso Ayotzinapa enfrentó otra sacudida institucional con la dimisión de Rosendo Gómez Piedra, anterior titular de la UELICA. Fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien confirmó que Gómez presentó su renuncia, la cual coincidió con la petición de los familiares para que no continuara en el cargo.
La mandataria precisó que la salida fue voluntaria y que de manera provisional Mauricio Pazarán, exfiscal de investigación territorial en la Ciudad de México, asumió la conducción de la unidad.
No obstante, la dimisión ocurrió en medio de fuertes señalamientos internos. El pasado 28 de abril de 2025, integrantes de la UELICA denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Gómez Piedra por presuntas irregularidades: corrupción, desvío de fondos, explotación laboral y contrataciones indebidas.
Los denunciantes señalaron incluso que se obligaba a trabajadores a entregar parte de su salario o comprar productos vinculados a allegados del fiscal, además del uso indebido de instalaciones oficiales.
