José Víctor “N” y Francisco Alberto “N”, exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal por el desvío aproximado de 290 millones de pesos.
Este monto aproximado fue informado por el Fiscal Anticorrupción, Mauricio Ibarra Romo, quien detalló que el desvío de recursos públicos corresponde al presupuesto de la dependencia hacia una empresa particular, la cual no cumplió con lo ofrecido, además de transferirse todos los fondos sin autorizaciones debidas durante los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021.
La denuncia que dio origen a este proceso fue presentada en septiembre de 2021. Desde entonces, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha integrado una investigación que permitió acreditar ante el juez la probable responsabilidad de José Víctor “N” y Francisco Alberto “N” en los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal.
De acuerdo con Ibarra, el caso de peculado se determinó porque durante los cuatro ejercicios fiscales ambos exfuncionarios desviaron recursos que son procedentes de la “partida 1000, que es servicios personales, la desviaron para otro propósito, para la contratación de un esquema de beneficios múltiples, así lo llamaron”.
Estos fondos, originalmente destinados para cubrir nóminas y prestaciones de los trabajadores, fueron depositados en fideicomisos, primero en una institución bancaria y posteriormente en una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL), por lo que se determinó que no fue utilizado para los fines brindados.
Tras ser detenidos el pasado 29 de agosto en Sonora y de llevarse a cabo la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora presentó los datos de prueba suficientes para solicitar la vinculación a proceso de los exfuncionarios.
Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que el juez determinó la situación jurídica de los imputados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El 2 de septiembre de 2025, en la continuación de la audiencia, el juez consideró que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público resultaron suficientes para vincular a proceso a José Víctor “N” y Francisco Alberto “N” por los delitos señalados.
Ambos permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social (CERESO) bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta para evitar el riesgo de evasión y asegurar su comparecencia en las siguientes etapas del proceso.
La FGJES informó que las investigaciones complementarias continuarán durante un periodo de cuatro meses, con el objetivo de fortalecer la carpeta de investigación y dar seguimiento a las próximas audiencias.
Además, el Fiscal Anticorrupción de Sonora indicó que existen otras órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra ex servidores públicos y un particular, quienes también figuran como probables responsables en este esquema de corrupción.
