El incremento sostenido de personas desaparecidas en México ha alcanzado una magnitud alarmante, con 131 mil 654 casos reportados hasta el último registro, según el más reciente análisis de Red Lupa. Esta organización, dedicada al seguimiento de las cifras y al desempeño institucional en torno a las desapariciones, advierte que la respuesta oficial sigue siendo insuficiente y carente de contundencia frente a la gravedad del fenómeno.
El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, presentado por la organización, permite observar la evolución de este problema en los últimos años. El 16 de mayo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) contabilizaba 100 mil personas desaparecidas. Un año después, la cifra ascendió a 107 mil 327; en 2024, a 117 mil 69; y para el 16 de mayo de 2025, el registro alcanzó 128 mil 64 casos.
Este crecimiento representa un aumento del 28 % en solo tres años, una tendencia que no muestra señales de revertirse.
El análisis por entidades federativas revela una concentración geográfica significativa. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León agrupan el 44,3 % de las desapariciones a nivel nacional. El porcentaje de mujeres desaparecidas se mantiene en torno al 23 %, aunque existen estados donde la proporción es considerablemente mayor.
En el Estado de México, por ejemplo, se reportaron 13 mil 982 personas desaparecidas al 16 de mayo de 2025, de las cuales 5 mil 620 son mujeres, lo que equivale al 40 % del total, muy por encima de la media nacional.
El municipio de Atlautla, en el Estado de México, destaca por registrar mil 861 desapariciones, una cifra superior a la de Ecatepec, a pesar de su menor tamaño y sin que existan explicaciones claras para tal disparidad. En Baja California, entre mayo de 2022 y mayo de 2025, se reportaron mil 309 desapariciones, de las cuales mil 96 corresponden a Tijuana.
El caso de Tabasco resulta especialmente preocupante. En mayo de 2024, el estado reportaba 467 personas desaparecidas; un año después, la cifra se disparó a 3 mil 952, lo que representa un crecimiento exponencial. Además, casi la mitad de las víctimas son mujeres, y la mayoría tiene entre 15 y 19 años.
Este fenómeno se produce en paralelo a la reducción de homicidios en la entidad, lo que sugiere, según el análisis de Red Lupa, que la disminución de un delito podría estar vinculada al aumento de otro de mayor gravedad.
La importancia de contabilizar y registrar las desapariciones radica no solo en la recopilación de datos, sino en la posibilidad de analizar la información para comprender la dinámica de las desapariciones y orientar las estrategias de búsqueda de manera más eficiente.
No obstante, persisten interrogantes sobre la falta de acciones prioritarias en los estados con mayor concentración de casos y la ausencia de medidas extraordinarias en entidades con incrementos abruptos, como Tabasco.
A pesar de la existencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ha tenido tres titulares en más de siete años, no se dispone de un análisis oficial que guíe la localización de personas desaparecidas, según una publicación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
El marco internacional también destaca la gravedad del problema. El 30 de agosto fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en virtud de la resolución A/RES/65/209.
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define este delito como la privación de libertad por agentes estatales, grupos organizados o particulares que actúan con el consentimiento o apoyo del Estado, seguida de la negativa a revelar el paradero de la persona o a reconocer su detención, sustrayéndola así a la protección de la ley.
Las consecuencias para las víctimas son devastadoras. Sufren tortura física y psicológica, viven bajo el temor constante de perder la vida y, en muchos casos, arrastran secuelas físicas y emocionales prolongadas.
Las familias y amigos experimentan una angustia mental persistente, sin saber si la persona sigue con vida ni en qué condiciones se encuentra. La incertidumbre se agrava por las dificultades económicas derivadas de la desaparición, especialmente cuando la víctima era el principal sostén familiar.
Las mujeres, además de ser frecuentemente las responsables de la búsqueda, enfrentan riesgos adicionales de intimidación, persecución y violencia sexual.
Los niños también resultan afectados, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un menor vulnera su derecho a la identidad y, cuando se priva a un niño de uno de sus padres, se produce una violación grave de sus derechos fundamentales.
Las desapariciones forzadas constituyen una grave violación de los derechos humanos. Entre los derechos vulnerados se encuentran el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad y seguridad personal, la prohibición de tortura, el derecho a la vida, la identidad, el acceso a un juicio imparcial, la reparación y el conocimiento de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
Además, se afectan derechos económicos, sociales y culturales, como la protección familiar, el nivel de vida adecuado, la salud y la educación.
México ha ratificado la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas en 2002 y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas en 2008.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, creó en 1990 el Programa Especial de Personas Desaparecidas, orientado a investigar quejas relacionadas con desapariciones en las que se presume la participación de autoridades federales.
Las Naciones Unidas han subrayado la obligación de los Estados de intensificar los esfuerzos para prevenir las desapariciones forzadas, buscar a las víctimas y aumentar la asistencia a ellas y sus familias. Además, ha insistido en la necesidad de investigaciones judiciales imparciales y efectivas, recordando que la búsqueda y la investigación son obligaciones continuas.
La desaparición forzada se utiliza frecuentemente como método para infundir terror en la sociedad, afectando no solo a las familias de las víctimas, sino también a comunidades enteras. Aunque en el pasado estuvo asociada principalmente a dictaduras militares, en la actualidad se presenta en contextos de conflicto interno y como herramienta de represión política.
La impunidad, el acoso a defensores de derechos humanos y la vulnerabilidad de grupos como niños y personas con discapacidad agravan la situación.
A nivel global, cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o periodos de represión en al menos 85 países. Las víctimas, privadas de la protección de la ley, quedan a merced de sus captores y, aun cuando sobreviven, pueden arrastrar secuelas físicas y psicológicas de por vida.
Las familias, por su parte, enfrentan no solo el dolor emocional, sino también la marginación económica y social, especialmente cuando la legislación impide acceder a pensiones o ayudas en ausencia de un certificado de defunción.
