La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por su presunta participación en una red de extorsión a empresarios gasolineros en México.
De acuerdo con información difundida por La Silla Rota, la indagatoria involucra a exfuncionarios de la dependencia acusados de aliarse con tres cárteles del narcotráfico: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
Esta unión permitía a la red criminal exigir pagos ilegales a más de 6 mil estaciones de servicio (gasolineras) en diversas regiones del país, a cambio de protección o para evitar sanciones administrativas.
Según lo consignado por el medio antes cita, la FGR abrió la investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, en donde se habla de los extitulares de Profeco, Ricardo Sheffield –actual senador por Morena– y David Aguilar Romero, además de una veintena de colaboradores de dos grupos identificados como “Guanajuatenses” y “Grupo Monterrey”.
El esquema de extorsión
En febrero de 2025, un exfuncionario identificado sólo como “Pablo” aportó información clave en su testimonio ante la autoridad ministerial. Según la nota del periodista Antonio Nieto, dentro de Profeco se montó un sistema para extorsionar a miles de gasolineras.
Según cuenta el testigo, a los empresarios se les solicitaba el pago regular de sumas denominadas “vacunas”, bajo amenazas por parte de integrantes del crimen organizado o la exposición pública en el programa gubernamental “Quién es quién en combustibles”, inaugurado por Sheffield en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El testimonio recoge también el papel de otros exfuncionarios, como Sergio Arturo Iturbe, quien habría realizado acuerdos con Guerreros Unidos para mover los fondos recabados en la zona de Guerrero, y Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada federal, quien habría proporcionado protección con apoyo del CJNG a cambio de una parte de los recursos ilícitos.
Asimismo, el Cártel Santa Rosa de Lima era el encargado de la logística y recolección de pagos en coordinación con Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración en Profeco, según el testimonio contenido en la investigación.
Las cuotas cobradas, que en el Valle de México oscilaron entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales por gasolinera, eran registradas en Excel y remitidas directamente a los titulares de la dependencia. El dinero permitía a los gasolineros recibir alertas previas sobre inspecciones o la omisión de sanciones que inmovilizaban sus despachadoras.
En su investigación, la FGR entrevistó a empleados de gasolineras en la Ciudad de México y el Estado de México, donde identificó a individuos responsables de intimidar y recolectar los pagos de extorsión.
Como parte de las pruebas, la FGR cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y David Aguilar Romero sobre las listas de gasolineras que habían cumplido con los pagos. También se documenta la existencia de reuniones entre Aguilar Romero, De la Peña Gutiérrez y Sheffield, coordinando la distribución del dinero obtenido antes y durante procesos electorales.
Tras la publicación del caso, Ricardo Sheffield afirmó a La Silla Rota que desconoce cualquier indagatoria formal en su contra y negó tener información sobre la existencia de estas prácticas.
Quién es quién en los combustibles
El programa Quién es quién en los combustibles constituye una herramienta impulsada por la Profeco que expone de manera pública los precios de la gasolina y el diésel en todas las estaciones de servicio de México.
A través de reportes semanales, el organismo identifica las estaciones con los costos más altos y bajos, así como aquellas que presentan irregularidades o han sido verificadas por incumplimientos.
La información que difunde Profeco se basa en los reportes diarios que las empresas deben realizar ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El informe compara precios por marca y zona geográfica para que los consumidores tengan un panorama más claro de las opciones disponibles cerca de su ubicación y puedan elegir la alternativa más conveniente y transparente.
Además de vigilar el cumplimiento de la normativa, el programa se supone que permite identificar patrones de comportamiento en el mercado y brinda datos relevantes que fortalecen la competencia.
