
La reciente entrega, bajo un fuerte protocolo de seguridad, de 26 presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas a la justicia estadounidense marcó una de las mayores acciones conjuntas en la historia reciente entre México y Estados Unidos.
El traslado incluyó a figuras de alto perfil como Abigael González Valencia “El Cuini” (líder financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación), Servando Gómez Martínez “La Tuta” (exjefe de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios), Juan Carlos Félix Gastélum “El Chavo Félix” (yerno de Ismael “El Mayo” Zambada), Leobardo García Corrales “Leo” (operador de la red de fentanilo del Cártel de Sinaloa), así como jefes de seguridad, operadores de laboratorios, sicarios y coordinadores de trasiego.
Los reos, que estaban repartidos en diversos penales de alta seguridad de México, fueron puestos a disposición de la justicia estadounidense para enfrentar procesos federales derivados de investigaciones de la DEA y otras agencias de seguridad.
¿A qué penas se enfrentan?

Según el gobierno mexicano, el grupo representaba un riesgo permanente para la seguridad nacional, motivo por el cual se optó por agilizar su traslado. Washington se comprometió a no solicitar la pena de muerte como parte de las condiciones del acuerdo.
En ese panorama, al menos 25 de los entregados podrían recibir cadena perpetua en cárceles federales de Estados Unidos, pues los expedientes judiciales presentados en cortes como Nueva York, Texas, Virginia, Arizona, Illinois, California, Delaware, Georgia, Massachusetts, Carolina del Sur, Alaska y el condado de Los Ángeles contienen cargos por narcotráfico agravado, crimen organizado, homicidio, secuestro y conspiración.
Esta es la lista de los 25 narcos mexicanos que corren el riesgo de enfrentar una cadena perpetua:
- Enrique Arballo Talamantes, “El Junior”
- Benito Barrios Maldonado, “El Comandante”
- Luis Raúl Castro Valenzuela, “El Chacho”
- Francisco Chávez
- Baldomero Fernández Beltrán, “El Mero”
- Ismael Enrique Fernández Dávila
- Leobardo García Corrales, “Leo”
- Abigael González Valencia, “El Cuini”
- José Carlos Guzmán Bernal
- Antón Petrov Kulkin
- Roberto Omar López, “Shrek”
- José Francisco Mendoza Gómez, “El Yiyo”
- Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero”
- Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes”
- Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Mostachón” o “El Monstruo”
- David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”
- José Antonio Vivanco Hernández
- Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”
- Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”
- Jesús Guzmán Castro, “El Chuy” o “El Narizón”
- Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”
- Servando Gómez Martínez, “La Tuta”
- Kevin Gil Acosta, “El 200”
- Roberto Salazar, “El Gordo Jr.”
- Martín Zazueta Pérez, “El Piyi”
El único sin cadena perpetua

Dentro del grupo, solo Abdul Karim Conteh se perfila para recibir una condena menor al máximo. Este ciudadano de Sierra Leona con nacionalidad mexicana, nacido el 20 de diciembre de 1984, fue arrestado el 11 de julio de 2024 en Tijuana, Baja California.
Conteh está acusado por autoridades estadounidenses de liderar una organización internacional dedicada al tráfico ilegal de personas. La red que operaba coordinaba el ingreso clandestino de miles de migrantes a Estados Unidos a través de México, utilizando medios como escaleras, túneles y documentos falsos para facilitar los cruces fronterizos. Los migrantes procedían de países de Asia, África y Oriente Medio, pagando sumas de dinero significativas para su traslado.

La base principal de esta organización estaba en Tijuana, pero mantenía operaciones en otros países de la región y hacía uso del sistema financiero estadounidense para lavar dinero y recibir pagos. Además de tráfico de personas, Conteh enfrenta cargos por lavado de dinero y uso de documentación fraudulenta.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo procesará en la Corte de Distrito Sur de California, donde podría recibir hasta 45 años de prisión.
¿Sentencias inmodificables? La vía de la colaboración y los precedentes recientes
Apenas hace unas semanas se confirmó que Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, entregados a Estados Unidos en la tanda de 29 capos de febrero pasado, no enfrentarán la pena de muerte. A estos casos se sumó la decisión de la fiscalía estadounidense de no solicitar la pena capital para Ismael “El Mayo” Zambada, así como los acuerdos de colaboración alcanzados con Ovidio Guzmán López y el proceso pendiente de Joaquín Guzmán López.

En este contexto, expertos como David Saucedo y Óscar Balderas, coinciden en que EEUU ha enviado un mensaje a otros narcos: el negociar acuerdos de colaboración podrían abrir nuevas puertas para disminuir penas y obtener beneficios.
Estos capos mexicanos han demostrado que las sentencias pueden modificarse si los reos aportan información relevante, acceden a colaborar como testigos y cumplen con requisitos formales. Los beneficios pueden incluir reducciones de condena, mejores condiciones de reclusión, protección para familias y acceso a sistemas de testigos protegidos.
El seguimiento de estos procesos en los próximos meses permitirá ver si el endurecimiento formal de las penas se traduce en condenas irremediables o si, como anticipan los nuevos precedentes, las vías de colaboración y negociación definirán el destino final de varios de los capos y operadores recién entregados.