Organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos en Tapachula, Chiapas, anunciaron los preparativos para la salida de una caravana migrante rumbo al centro del país.
La movilización se programó para el miércoles 6 de agosto a las seis de la mañana y responde tanto a las condiciones precarias en la región fronteriza como a denuncias por presunta corrupción en el trámite de documentación migratoria y de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante los días previos, integrantes de la caravana mantuvieron asambleas y reuniones en el parque Bicentenario, donde expusieron dificultades para conseguir documentos legales y oportunidades de empleo. El trayecto inicial contempla llegar a Arriaga, Chiapas, municipio limítrofe con Oaxaca y a casi 250 kilómetros de Tapachula.
Las denuncias recurrentes de las personas migrantes se centran en la supuesta exigencia de pagos por parte de supuestos gestores y por personal vinculado con las dependencias federales para hacer avanzar trámites de refugio —con montos reportados entre 15 y 30 mil pesos—, así como cobros para la obtención de visas permanentes. Quienes no cuentan con recursos económicos refieren negativas reiteradas, largas esperas y, por el contrario, trato expedito para quienes desembolsan sumas importantes de dinero.
El descontento entre la población migrante también responde a las limitaciones para acceder a empleo digno y seguro en Tapachula. Los testimonios de personas en movilidad señalan que, ante la falta de documentos y alternativas formales de ingresos, se ven obligadas a aceptar jornadas laborales con bajo salario, sin garantías ni prestaciones.
En este ambiente de inconformidad, la convocatoria a marchar en caravana reunió a decenas de familias y personas migrantes, quienes insisten en salir del sur del país en busca de mejores posibilidades en otras ciudades mexicanas. Las condiciones adversas, la lentitud de los trámites y el costo de vida han sido factores determinantes para organizar el nuevo éxodo.
Sin embargo, horas después del anuncio, elementos de la Secretaría de Seguridad Federal detuvieron a Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., señalado como promotor principal de la caravana y quien participó en manifestaciones recientes para denunciar los obstáculos y presuntos actos de corrupción en el sistema migratorio. Autoridades federales confirmaron su detención, aunque no dieron a conocer los delitos imputados. Organizaciones de migrantes manifestaron que la caravana seguirá su curso y expresaron su confianza en que el activista será liberado próximamente.
Entre 2018 y 2025, más de 100 mil personas, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, participaron en al menos 67 caravanas migrantes en México, motivadas por violencia, pobreza e impactos del cambio climático en Centroamérica.
En 2023, el INM reportó 26 mil migrantes en caravanas, incluida una de 8 mil personas desde Tapachula. Para 2025 ya se contabilizaban 129 caravanas, 12 ocurridas en los primeros 100 días del gobierno actual. Organizaciones internacionales advierten que los migrantes enfrentan riesgos de secuestro, violencia sexual y falta de atención médica, especialmente mujeres y menores,
Los múltiples riesgos hacen que los desplazamientos sean cada vez menos visibles, lo que a su vez dificulta reconocer la magnitud de la problemática y una atención acorde.
