La Agencia Estatal de Investigación (AEI) y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte realizaron un operativo en el que detuvieron en flagrancia a Ericka Judith C. L., de 33 años, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión.
De acuerdo con información oficial, la aprehensión ocurrió la mañana del lunes 4 de agosto de 2025 en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el cruce del bulevar Independencia y el bulevar Manuel Talamás Camandari, en el fraccionamiento Parajes del Sur de Ciudad Juárez.
Según los datos de la investigación, la Unidad de Combate al Delito de Extorsión de la Fiscalía de Zona Norte seguía la pista de la mujer como parte del seguimiento a una carpeta de investigación iniciada tras la denuncia de una víctima que reportó haber sido objeto de exigencias económicas desde 2019.
Cómo sucedió la detención
De acuerdo con la información emitida por las autoridades, las indagatorias permitieron establecer que Ericka Judith C. L. aparentemente solicitaba diferentes cantidades de dinero a la persona denunciante durante un periodo de más de cinco años.
En el momento de la detención, agentes de la AEI y del Ministerio Público interceptaron a la mujer cuando se encontraba en la plaza comercial previamente mencionada.
Entre sus pertenencias le aseguraron mil pesos que, según la Fiscalía de Chihuahua, serían resultado directo de la extorsión cometida en perjuicio de la víctima. Tanto el dinero como la detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con la investigación para definir su situación jurídica y proceder conforme lo establece la ley.
Las autoridades estatales informaron que la detención se realizó a partir de labores de inteligencia y gabinete, enfocadas en combatir el delito de extorsión, uno de los crímenes que impacta de manera significativa el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos de Chihuahua.
El operativo montado para el arresto de Ericka Judith C. L. formó parte de la estrategia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender de manera oportuna y efectiva las denuncias presentadas por personas afectadas por este tipo de delitos.
La FGE emitió un mensaje en el que refrenda su compromiso de perseguir y castigar a quienes atenten contra el patrimonio de la sociedad chihuahuense. Asimismo, la dependencia estatal destacó la importancia de dar seguimiento puntual a las denuncias de las víctimas de extorsión, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la confianza en las instituciones de procuración de justicia.
La investigación continúa bajo la conducción del Ministerio Público y se procederá conforme a las normas vigentes, con respeto a los derechos de la persona detenida.
La presunta responsable de extorsión será presentada en audiencia ante la autoridad judicial, una vez agotados los lapsos legales correspondientes, para determinar si existen elementos suficientes para vincularla a proceso penal.
En cumplimiento del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía de Chihuahua subrayó que, de acuerdo con la normativa aplicable, la imputada se presume inocente y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez.
Penas por extorsión en la legislación mexicana
El Código Penal Federal de México, en su artículo 390, establece que el delito de extorsión es sancionado con penas de prisión de dos a ocho años y multa de hasta 16 mil pesos.
Estas sanciones pueden agravarse en función de distintos factores, como la reincidencia, la utilización de violencia o amenazas, así como la existencia de circunstancias que agravaran el daño ocasionado a la víctima.
El mismo artículo indica que la persona que, por cualquier medio, obtenga de alguien dinero, valores, bienes, servicios o documentos que otorguen derechos mediante amenazas de causar daño tanto a la víctima como a personas cercanas, será responsable del delito de extorsión. Si se comprueba la participación de servidores públicos en estos hechos o el empleo de armas, las penas pueden incrementarse aún más.
En todos los casos, la autoridad judicial debe valorar las circunstancias específicas del caso para determinar la existencia del delito y la responsabilidad penal, siguiendo el principio de presunción de inocencia y garantizando el respeto a los derechos humanos de la persona imputada, tal como lo exige la legislación nacional.
