La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un llamado urgente a las autoridades penitenciarias de Veracruz luego de los violentos disturbios ocurridos el pasado 2 de agosto en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan, donde al menos siete personas privadas de la libertad perdieron la vida y otras once resultaron heridas.
De acuerdo con el organismo nacional, los hechos evidencian fallas estructurales persistentes en el sistema penitenciario de Veracruz. Especialmente, en materia de seguridad, salud, atención médica y respeto a los derechos humanos fundamentales.
Alerta para garantizar salud, integridad y contacto con el exterior
En un comunicado oficial, la comisión de derechos humanos mexicana expresó que “urge a las autoridades del Sistema Penitenciario Estatal para que se salvaguarden al máximo los derechos humanos a la salud, a la integridad, a la vida y al contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad ante los incidentes ocurridos”.
Además, el organismo subrayó la necesidad de garantizar atención médica, alimentación e higiene para toda la población recluida con un enfoque especial en grupos vulnerables, lo cual incluye menores de edad que viven en prisión junto con sus madres.
Intervención de fuerzas federales y traslados
Tras el motín en el penal de Tuxpan, se desplegó un operativo de contención con participación de cuerpos de seguridad estatales y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN). De igual forma, unidades médicas atendieron a las personas heridas, mientras que los presuntos responsables de los disturbios fueron trasladados a otro centro penitenciario.
Sobre esa misma línea, familiares de las víctimas solicitaron apoyo legal, médico y administrativo, demandas que la CNDH exigió atender de manera oportuna y sin revictimización.
Diagnósticos previos ya alertaban de riesgos, asegura la comisión
El motín se da en un contexto de advertencias reiteradas sobre las condiciones del sistema penitenciario veracruzano. En junio de 2023, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana había reportado que los 17 centros penitenciarios estatales y el Módulo de Prisión Preventiva de Veracruz operaban “sin riesgos de incidentes violentos”. No obstante, los datos más recientes lo contradicen.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, elaborado por la propia comisión, otorgó a la prisión de Tuxpan un puntaje de 7.01: una calificación que revela deficiencias críticas en prevención de violencia, atención de quejas por violaciones de derechos humanos y supervisión operativa interna del centro.
Para 2024, el Sistema Penitenciario de Veracruz obtuvo una calificación global de 6.31, lo que agravó el panorama. Entre los principales problemas detectados figuran:
- Falta de personal de seguridad y custodia
- Deficiente clasificación de internos
- Presencia de sobrepoblación penitenciaria
- Persistencia de prácticas de cogobierno o autogobierno
- Reportes de extorsión y conductas ilícitas
Frente al contexto actual, el organismo exigió que se “detecten prontamente los factores y circunstancias que propiciaron tales acontecimientos” y que se adopten medidas diligentes y estrategias de seguridad reforzadas no solo para Tuxpan, sino para el conjunto de centros penitenciarios en el estado de Veracruz.
Vigilancia permanente y exigencia de medidas preventivas
Finalmente, la CNDH anunció que se mantendrá en vigilancia constante del caso, supervisando tanto las acciones de restitución de la seguridad como los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida dentro del penal de Tuxpan y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
“Es fundamental que se eviten nuevas tragedias mediante políticas de prevención, profesionalización del personal y una revisión profunda del modelo penitenciario estatal”, subrayó en el documento.
