En una propuesta sin precedentes, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) planteó la adición de un nuevo delito en el Código Penal Federal con el que se busca castigar a las mujeres que atribuyan falsamente la paternidad de un menor a un hombre que no sea su progenitor biológico con fines lucrativos.
La iniciativa fue encabezada por el diputado federal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, y ya ha comenzado a generar debate en los ámbitos legislativo y social. De acuerdo con lo estipulado con el legislador, esta propuesta busca añadir el artículo 390 Ter al Código Penal Federal. Según el texto legislativo, estas conductas serían penadas con:
- Uno a cinco años de prisión.
- Multas equivalentes a entre 100 y 1 000 días de salario mínimo (de 27 mil 880 a 278 mil 800 pesos).
- Obligación de reparar el daño económico causado, incluyendo el reembolso de pensiones alimenticias pagadas por un hombre engañado.
Se tipifican dos escenarios específicos:
Registrar o intentar registrar a una persona atribuyendo falsamente la paternidad a un hombre que no corresponde.
Usar la existencia de un menor para ocultar, transferir o adquirir bienes o ingresos económicos en perjuicio de otra persona.
¿Cómo nace esta iniciativa?
El diputado Núñez fundamenta su iniciativa en datos derivados de un estudio británico que indica que 1 de cada 50 hombres ha sufrido falsa paternidad, es decir, ha criado a hijos que no son biológicamente suyos sin saberlo. Según su planteamiento, este tipo de engaño representa una forma de abuso y fraude con implicaciones legales y morales en contra de un sector específico, por lo que es importante también tomar en cuenta sus opiniones, derechos y obligaciones para erradicar este tipo de prácticas que perjudican tanto al falso padre como a la infancia.
Desde su difusión, la propuesta ha desatado una intensa discusión en redes sociales. Algunos usuarios celebran la iniciativa como un paso necesario para proteger el patrimonio y los derechos de los hombres, mientras que otros alertan sobre los riesgos de criminalizar situaciones relacionadas con familia, género y responsabilidad parental debido a que el sistema de justicia no garantiza que se imparta un veredicto real para la mujer y su hijo.
Las críticas principales giran en torno a posibles consecuencias discriminatorias hacia mujeres y personas gestantes, así como a las implicaciones en casos legítimos de disputas de identidad o filiación. Además, se cuestiona si una sanción penal es la vía adecuada para resolver dichas controversias.
