En la madrugada del jueves 30 de julio, alrededor de la una de la mañana, una mujer en presunto estado de ebriedad fue detenida por agentes de tránsito tras haber chocado su vehículo en el viaducto de Xalapa, Veracruz. La conductora, identificada como Karla Vianey García Lagunes, intentó sobornar a los elementos con 500 pesos para evitar ser sancionada, acción que fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
En las imágenes, la mujer se muestra desorientada y con actitud prepotente, además de identificarse como empleada del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz (CEJUM), lo que generó aún más indignación entre los usuarios. Las redes no tardaron en bautizarla como “Lady CEJUM” o “Lady 500 pesos”, convirtiendo el caso en tendencia nacional.
Ante la controversia, la Dirección General del CEJUM emitió un comunicado en el que confirmó que Karla Vianey García Lagunes fue suspendida de manera inmediata mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
“A la opinión pública que, en relación con el incidente ocurrido recientemente en esta capital y que involucra a una persona comisionada a esta institución, se ha determinado su suspensión inmediata de labores en tanto se realizan las investigaciones correspondientes. El CEJUM reitera el compromiso con la legalidad, ética profesional y el respeto a los derechos humanos, por lo que rechaza categóricamente cualquier conducta que contravenga los principios institucionales que rigen su actuar”, indicó el organismo.
Sin embargo, posteriormente se descubrió que la implicada también figura en el sistema de nómina de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con el cargo de profesora de adiestramiento en una Secundaria Técnica Foránea. De acuerdo con los registros públicos, García Lagunes percibe un sueldo mensual bruto de 24 mil 269 pesos y un ingreso neto de 18 mil 955 pesos.
La doble afiliación laboral ha despertado cuestionamientos sobre su estatus dentro de ambas instituciones y la compatibilidad de funciones. Autoridades estatales no han confirmado si se abrirá una investigación adicional por este motivo.
Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, generando reacciones de molestia y reclamos hacia las autoridades para que se sancione debidamente a la funcionaria implicada. Colectivos feministas y ciudadanos han señalado que casos como este deterioran la imagen de instituciones que deben proteger y garantizar los derechos de las mujeres.
