En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado cada 30 de julio, millones transitan diariamente calles y avenidas sin poner atención en quienes permanecen en los cruces o esquinas de calles, solicitando apoyo económico.
Detrás de esas manos extendidas, especialmente cuando pertenecen a personas con discapacidad, existe un problema poco visible que forma parte del paisaje urbano.
Hablamos de la trata con fines de mendicidad forzosa, que involucra a individuos que debido a su condición, resultan más vulnerables ante redes de explotación. México experimenta un panorama complejo en esta materia.
Datos oficiales del Poder Legislativo y de la Secretaría de Gobernación señalan que, entre 2015 y 2023, las denuncias han presentado fluctuaciones importantes, de 415 en 2015 a 729 en 2023, con variaciones intermedias que refuerzan la gravedad del fenómeno y su persistencia a lo largo de los años.
El rostro oculto de la trata
La fundadora de Ola Violeta AC y consejera en género del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, María Elena Esparza, advirtió sobre este fenómeno.
“La trata de personas con discapacidad para fines de mendicidad forzosa representa una de las formas más crueles de violación a los derechos humanos”, reconoció Esparza, a través de la fundación dedicada a brindar información sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad, Yo También.
Esta afirmación contundente pone en el centro del debate una realidad que, aunque visible en las calles de Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, suele pasar inadvertida para la mayoría de los transeúntes.
La presencia cotidiana de personas con discapacidad pidiendo apoyo económico en semáforos, esquinas o cruceros se ha normalizado hasta el punto de volverse invisible, diluyendo la gravedad de un fenómeno que, según cifras oficiales, afecta a cientos de víctimas cada año.
Entre 2015 y 2023, los registros de denuncias por trata de personas con fines de mendicidad forzosa en México han mostrado una tendencia alarmante, datos de la Cámara de Diputados documentaron que en 2015 hubo 415 casos, cifra que descendió a 304 en 2017, para luego repuntar hasta 729 en 2023 y alcanzar un máximo de 805 denuncias ese mismo año.
Esta variabilidad refleja tanto la dificultad de detección como la persistencia del delito. La Secretaría de Gobernación reconoció oficialmente que mendigar dinero de manera forzada constituye uno de los fines más frecuentes de la trata de personas, afectando de manera particular a menores y personas con discapacidad.
La discapacidad como herramienta de explotación para los criminales
La lógica criminal detrás de este delito es tan perversa como efectiva, María Elena describe que los tratantes descubrieron que la discapacidad genera mayor compasión en los transeúntes, lo que se traduce en mayores ganancias.
“¿Por qué como sociedad hemos permitido que la vulnerabilidad se convierta en una herramienta de explotación?”, cuestionó Esparza Guevara.
La experta asegura que esta estrategia no solo destruye vidas individuales, sino que perpetúa estereotipos que obstaculizan la inclusión genuina de las personas con discapacidad en la sociedad mexicana y latinoamericana.
La respuesta institucional ha intentado adaptarse a la magnitud del problema. En México, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) puso en marcha campañas como #AQUÍESTOY, cuyo objetivo es visibilizar la mendicidad infantil forzosa y sensibilizar a la población sobre la explotación de menores y personas con discapacidad.
A nivel internacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó sobre una aparente disminución en el número de víctimas detectadas. Según la organización, las víctimas detectadas mundialmente descendieron 11 % en 2020, principalmente debido a las dificultades de detección durante la pandemia.
Esta reducción, lejos de ser una buena noticia, evidencia los obstáculos que la emergencia sanitaria impuso a los mecanismos de identificación y protección de víctimas. La invisibilidad, en este contexto, se profundizó.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha documentado los limitados avances en la captación de información sobre personas con discapacidad.
Esta deficiencia dificulta comprender la magnitud real del problema y, en consecuencia, diseñar soluciones efectivas. “Sin datos precisos, es difícil diseñar soluciones efectivas”, señala la publicación, subrayando la urgencia de mejorar los sistemas de registro y monitoreo.
Detectar a las víctimas de trata con fines de mendicidad forzosa presenta desafíos únicos. Muchas de ellas no se reconocen como tales debido a relaciones de dependencia emocional con sus explotadores, quienes frecuentemente son familiares o cuidadores.
Esta compleja dinámica exige replantear el enfoque de prevención y atención, desarrollando protocolos especializados que consideren las particularidades de cada tipo de discapacidad.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México mantiene activa las 24 horas su línea y Chat Nacional Contra la Trata de Personas, 800 5533 000, donde cualquier sospecha es suficiente para activar el protocolo de investigación en alianza con autoridades de las 32 entidades de la República, Estados Unidos, Canadá y más de 30 países desde donde reciben reportes de este delito.
La normalización de la presencia de personas con discapacidad en situación de mendicidad en las calles mexicanas genera una especie de ceguera colectiva.
“La ves, pero no la miras y, por lo tanto, no sospechas; su presencia se ha normalizado hasta volverse invisible”, describe María Elena Esparza Guevara. Esta invisibilidad social permite que el delito prospere a la vista de todos, sin que la mayoría de los ciudadanos perciba la gravedad de lo que ocurre.
