Tatiana Clouthier, directora del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), confirmó que la familia de los hermanos Carlos y Óscar Alejandro González Meza, quienes fueron detenidos en el centro migratorio Everglades—conocido como “Alligator Alcatraz”—en Florida, interpondrá una denuncia por los malos tratos sufridos durante su detención.
Clouthier enfatizó que la atención a estos casos corresponde a la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), bajo la dirección de Vanessa Calva Ruiz, y no al IMME.
Al ser cuestionada por los medios de comunicación previo a una reunión en Palacio Nacional, la funcionaria precisó que recibió un reporte sobre la situación de los hermanos González y, tras su liberación y regreso a México, iniciarán un proceso legal para denunciar el trato recibido en Estados Unidos.
La funcionaria subrayó que la familia, acompañada por la protección consular, será quien determine el curso de las acciones jurídicas.
Por su parte, la SRE ha dicho que el gobierno mexicano dará seguimiento permanente a la situación de connacionales detenidos en centros migratorios estadounidenses. El jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, informó que ambos hermanos se encuentran en México sin cargos, tras una negociación con autoridades locales y federales de Estados Unidos.
Según el consulado de Miami, habría más de 30 mexicanos detenidos actualmente en dicho centro.
Esposados y con mosquitos, así fue su experiencia
Carlos Martínez, padre de los jóvenes, expresó en medios de comunicación su agradecimiento por la red de apoyo que facilitó su liberación de sus hijos y criticó las condiciones de detención: “Cuando mis hijos salieron de Alcatraz, no salieron solos, ¡salieron con camiones llenos de mexicanos!”. Señaló además que, a su regreso por Matamoros, sus hijos arribaron junto a otros 35 mexicanos repatriados.
Martínez denunció que, en el centro “Alligator Alcatraz”, los detenidos permanecían encadenados de pies y manos incluso durante las comidas, y consideró que no existe justificación para ese trato: “Los tienen como congeladora de prisión”, afirmó.
De acuerdo con el relato del cónsul en Orlando, Juan Sabines Guerrero, los hermanos fueron arrestados el 7 de julio tras una infracción menor de tránsito.
Aunque pagaron una fianza de 500 dólares, el 16 de julio fueron trasladados esposados al centro migratorio, sin acceso a un juez ni corte migratoria. “Esta prisión, sin juez ni corte migratoria, los dejó en un limbo legal durante varios días y, según su relato, en condiciones inhumanas: bañarse cada cuatro días, infestados de mosquitos y con deterioro en su salud”, relató el diplomático.
Durante la conferencia de prensa organizada en el consulado mexicano en Orlando, la abogada Andrea Reyes, parte del Programa de Asesorías Legales Externas de la SRE, describió episodios del encierro de los hermanos.
“No solo los esposan de manos sino también de sus pies, y los esposan a unos ganchos que están en el cemento, en el piso. Están esposados en tres lugares, de 12 del mediodía a 11 de la noche. Les dieron de comer, pero no les quitaron las esposas”.
Además, narró que tras ese encierro extremo recibieron la noticia de que serían liberados; sin embargo, no les entregaron copia del documento de salida voluntaria que firmaron, por lo que desconocen si fueron exonerados de cargos migratorios o criminales.
Reyes informó también que los hermanos González y al menos otros 14 mexicanos viajaron esposados hasta llegar al proceso de migración, donde les fueron devueltas sus pertenencias, a excepción de la visa de Carlos. El regreso al país ocurrió la madrugada del 27 de julio, tras cruzar en autobús la frontera por Matamoros, Tamaulipas.
El centro migratorio Everglades, apodado “Alcatraz de los Caimanes”, está ubicado en una zona remota del humedal subtropical de Florida, a unos 60 kilómetros de Miami. Está rodeado de pantanos, canales y una densa vegetación donde habitan caimanes, cocodrilos y serpientes, lo que ha generado críticas por tratarse de un entorno hostil e inaccesible.
Esta ubicación dificulta el acceso regular de abogados, familiares y organizaciones de derechos humanos, lo que ha sido señalado como una estrategia deliberada para aislar a los migrantes y obstaculizar su defensa legal.
