El expresidente Andrés Manuel López Obrador conocía desde hace casi tres décadas los señalamientos de corrupción, abuso de poder y vínculos criminales de Hernán Bermúdez Requena. En 1995, cuando era dirigente nacional del PRD, el hoy presidente lo acusó públicamente de encabezar una banda delictiva protegida por el entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.
Años más tarde, en 1998, Layda Sansores —actual gobernadora de Campeche y aliada cercana de López Obrador— lo denunció por espionaje político y malversación de recursos en la Dirección de Seguridad Pública del estado.
Pese a estos antecedentes, el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación le abrió las puertas nuevamente al poder público, cuando en 2019 fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.
No hay registro de que López Obrador se haya opuesto al nombramiento, ni de que haya advertido sobre el historial del funcionario que hoy está prófugo de la justicia y acusado de liderar la red criminal de La Barredora.
Las denuncias
En 1995, Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente nacional del PRD, denunció penalmente al gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, por presunto peculado. La acusación incluía directamente a Hernán Bermúdez Requena, quien en ese momento era director del penal de Villahermosa.
De acuerdo con información publicada por Diario de Yucatán, López Obrador señalaba a Bermúdez de haber participado en una operación para desviar recursos públicos mediante la adquisición inflada de equipo de seguridad para la Quinta Grijalva, residencia oficial del Ejecutivo tabasqueño.
La mención no fue menor. El líder opositor responsabilizó a Madrazo de adjudicar sin licitación dichas compras y de utilizar a Bermúdez como operador clave en el esquema de corrupción.
En paralelo, reportes de prensa basados en fuentes confidenciales de la entonces PGR, señalaban que la Red para la Persecución de Delitos Financieros de EEUU investigaba al propio Madrazo por lavado de dinero a través del exbanquero prófugo Carlos Cabal Peniche. Entre los nombres bajo vigilancia por presuntos vínculos con el narcotráfico aparecía, nuevamente, Hernán Bermúdez Requena.
Tres años más tarde, en 1998, la senadora Layda Sansores —también militante del PRD en ese momento— reforzaría las acusaciones. En abril, presentó documentos que implicaban a Bermúdez como operador de una red de espionaje ilegal instalada durante el gobierno del priista Manuel Gurría Ordóñez.
El 30 de diciembre de ese mismo año, Diario de Yucatán dio a conocer una nueva y grave imputación de Sansores: la existencia de una banda criminal operando en la región con protección de altos mandos policiacos en Campeche y Tabasco. Según la legisladora, los entonces directores de la Policía Judicial, Carlos Méndez Hebert y Enoc Cruz García, integraban la cúpula de esta organización delictiva. Bermúdez Requena figuraba como uno de sus principales aliados.
En septiembre de 1996, un reo denunció desde el penal de Villahermosa que una banda criminal protegida por el exgobernador Gurría Ordóñez operaba delitos de alto impacto como secuestros, narcotráfico, robo de vehículos y falsificación de dinero. Según su testimonio, Hernán Bermúdez formaba parte de esta red y además vendía celdas dentro del penal.
Del expediente al encubrimiento: la ruta al poder con Morena
Pese a que su historial ya estaba documentado, Hernán Bermúdez Requena fue designado en 2019 como secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, figura clave del movimiento político de López Obrador. Bermúdez se mantuvo en el cargo hasta 2024.
En julio de 2025, autoridades federales confirmaron que Bermúdez es buscado por la Interpol, acusado de encabezar la red criminal conocida como “La Barredora”, una red integrada por exfuncionarios de seguridad, dedicada al narcotráfico, extorsión, tráfico de migrantes y robo de hidrocarburos.
El Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste identificó a Bermúdez —alias “El Comandante H” o “El Abuelo”— como su líder principal, protegido por estructuras políticas locales.
Informes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad también han documentado la expansión de negocios de apuestas ilegales vinculados a su familia, con ramificaciones hasta Paraguay. Su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, fue detenido en ese país, acusado de encabezar una red de apuestas clandestinas bajo la firma Montego Trading S.A. y operaba el sitio web crowncityplay.com.py sin licencia. La red, según las investigaciones, también involucraría al hermano del exfuncionario, Humberto Bermúdez Requena, de quien este fin de semana se le ventiló una millonaria casa en Miami.
Como parte de una investigación financiera en curso, hace unos días la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría Fiscal de la Federación bloquearon las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez, así como las de sus familiares y empresas asociadas.
El 25 de julio de 2025, se reveló que Hernán Bermúdez promovió un juicio de amparo contra actos como incomunicación, tortura o desaparición forzada. El juez Octavo de Distrito en Villahermosa, Manelic Delón Vázquez, le concedió una suspensión de plano para impedir que se le someta a tratos inhumanos, particularmente en instalaciones militares.
A pesar del amparo, la orden de aprehensión en su contra sigue vigente, ya que los delitos que se le imputan —como el secuestro— ameritan prisión preventiva oficiosa.
