Ximena Pichel, actriz argentina conocida en redes sociales como “Lady Racista”, fue agredida a la salida de su primera audiencia ante los Juzgados de Control de Delitos no Graves en la Ciudad de México, donde enfrenta un proceso por presunta discriminación contra un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Tras el incidente, su bolso fue robado por personas no identificadas, aunque más tarde fue recuperado por las autoridades. Este episodio ha generado dudas sobre si la actriz podría interponer una denuncia por los hechos violentos, a pesar de enfrentar actualmente una acusación penal.
De acuerdo con los marcos legales vigentes en la Ciudad de México y a nivel federal, cualquier persona, incluso si enfrenta un proceso judicial, conserva sus derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a denunciar y a ser protegida cuando es víctima de un delito.
En este caso, la agresión física, aunque haya sido mediante el arrojo de agua, puede constituir una falta administrativa o incluso un delito, si generó alguna lesión o afectación emocional. El Código Penal de la Ciudad de México contempla el delito de lesiones en su Artículo 288 y siguientes, considerando como tal cualquier daño físico que afecte la salud, por leve que sea. Además, los actos de humillación pública o vejaciones también pueden representar una afectación a la dignidad humana.
En cuanto al robo del bolso, el Código Penal Federal y su homólogo local en la capital definen el robo como el apoderamiento de un objeto ajeno sin derecho y sin consentimiento del dueño. Si este acto se cometió con violencia, como podría ser el caso, la pena aumenta significativamente. El artículo 372 del Código Penal Federal establece que el robo con violencia puede castigarse con penas más severas, dependiendo del modo en que se haya ejecutado.
Aunque estos delitos son distintos y no tienen relación directa con el proceso por discriminación que enfrenta Pichel, el hecho de que haya sido víctima de una agresión podría influir indirectamente en el desarrollo de su caso.
Por un lado, su defensa legal podría argumentar que la actriz está siendo objeto de violencia secundaria, es decir, represalias o ataques derivados del proceso penal y la exposición mediática. Esta situación podría afectar su estado emocional y psicológico, elementos que los jueces suelen tomar en cuenta al valorar el contexto en el que se desarrolla el proceso.
Asimismo, las leyes indican que Pichel tiene derecho a solicitar medidas de protección, como vigilancia policial o restricción de acercamiento hacia los agresores, en caso de identificarlos. Estas medidas buscan garantizar su integridad física y emocional, independientemente del proceso que enfrenta.
La justicia debe asegurar que ninguna persona sea revictimizada por la opinión pública o por terceros, sin importar la gravedad del delito del que se le acuse.
En conclusión, aunque el incidente de agresión y robo no modifica el curso del proceso legal por discriminación, sí representa una situación legalmente relevante y con implicaciones jurídicas. Ximena Pichel tiene derecho a denunciar, a recibir protección del Estado y a un juicio justo, sin interferencias ni violencia externa.
En este sentido, el Estado mexicano, a través de sus instituciones, tendría que investigar y sancionar los delitos cometidos en su contra, al tiempo que continúa con el debido proceso por los cargos que enfrenta.
