Desde Buenos Aires, Argentina, una madre mexicana de dos menores de edad ha alzado la voz en busca de justicia y protección. Se trata de Sandra Mónica de Casper Chacón, una mujer originaria del estado de Yucatán, quien actualmente enfrenta un complejo proceso legal y personal tras denunciar violencia familiar por parte de su expareja, el diplomático argentino Norberto Ariel Martins Mogo.
Sandra se trasladó a Argentina junto con su entonces esposo, quien se desempeñaba como funcionario en el cuerpo diplomático. Sin embargo, en 2024, luego de una serie de episodios de violencia que, según su testimonio, incluyeron maltrato físico, psicológico y económico, decidió separarse. Desde ese momento, afirma, su vida se ha convertido en una pesadilla legal y emocional.
Decasper asegura que fue llevada a Argentina bajo amenazas y sin su consentimiento, y que su expareja ha utilizado su posición diplomática para intimidarla y obstaculizar cualquier intento de regresar a México con sus hijos. “Estoy atrapada. No tengo recursos, no tengo libertad y mis hijos están expuestos a una situación peligrosa”, ha declarado en diversos espacios.
La madre denuncia no solo violencia doméstica, sino también un acoso judicial sistemático. Ha enfrentado una serie de acciones legales intimidatorias, muchas de las cuales han provocado que sus abogados abandonen el caso. Según ella, estas deserciones estarían motivadas por presiones externas o posibles actos de corrupción.
Aunque Sandra logró obtener una orden de restricción contra su expareja, esta medida solo la protege a ella, dejando a sus hijos fuera del alcance legal de protección. Ha narrado cómo los menores han sufrido crisis nerviosas, ataques de ansiedad e incluso han requerido hospitalización a raíz de la tensión constante en la que viven.
Frente a esta situación, acudió al Consulado de México en Buenos Aires en busca de ayuda. Sin embargo, afirma que la asistencia consular ha sido insuficiente. A pesar de que las autoridades argentinas, a través del Centro Integral de la Mujer, determinaron que se encontraba en situación de “alto riesgo”, lo que motivó una orden de desalojo contra el diplomático y una medida de protección perimetral, Sandra continúa sin poder salir del país con sus hijos.
“Mis hijos son mexicanos, pero estamos atrapados en un país que no me permite protegerlos. Pido al gobierno mexicano que actúe con urgencia. No soy la única mujer mexicana que enfrenta este tipo de violencia en el extranjero”, ha expresado en un video compartido en redes sociales.
La historia de Sandra Decasper ha comenzado a generar atención en diversos colectivos de defensa de los derechos humanos y de mujeres migrantes, quienes exigen una respuesta diplomática y legal firme por parte de México. En tanto, ella permanece varada, sin un respaldo legal sólido, y con la incertidumbre de no saber si podrá regresar a su país con sus hijos.
Sandra no solo clama justicia por los actos de violencia de los que ha sido víctima, sino también por la falta de acompañamiento institucional. Su caso pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas mujeres migrantes que, al enfrentar situaciones similares, quedan atrapadas en entramados legales sin protección efectiva.
Ante esta situación, la cancillería mexicana emitió un comunicado a través de la Embajada de México en Argentina, detallando la asistencia brindada a la connacional desde el año pasado. Esta incluyó orientación, asistencia consular, canalización a instituciones especializadas en apoyo psicológico y social para víctimas de violencia, y asesoría jurídica.
Con base en el documento, las acciones emprendidas por la Embajada de México en Argentina resultaron en la presentación de una denuncia ante las autoridades pertinentes y el establecimiento formal de mecanismos de protección y restricción perimetral.
Las autoridades afirman que “seguirán en contacto con ella para establecer el estado actual de los procesos legales en curso y ofrecer acompañamiento y asesoría jurídica ante las autoridades argentinas”.
El caso sigue abierto; sin embargo, se espera que, con la debida atención, la implicada y sus hijos puedan regresar a México.
