La contaminación persistente del río Tijuana ha sido uno de los principales temas de fricción y cooperación entre México y Estados Unidos en los últimos años. Las descargas de aguas residuales sin tratar, cargadas de bacterias fecales, metales pesados y residuos industriales, han cruzado durante décadas la frontera desde Tijuana hacia California, afectando severamente la calidad del agua en playas como Imperial Beach.
Este problema ha impactado a bañistas, surfistas y personal de la Marina estadounidense, incluido el equipo Navy SEALs, provocando recurrentes cierres de zonas recreativas y entrenamientos militares. Según reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., miles de residentes y militares han sufrido enfermedades relacionadas con la exposición al agua contaminada. La situación se ha agravado desde 2017, con colapsos de colectores y una infraestructura rebasada por el crecimiento poblacional e industrial en Tijuana.
Ante la presión diplomática, funcionarios estadounidenses han exigido medidas urgentes. Ejemplo de ello fueron las declaraciones del administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, quien demandó la detención de vertidos y la ejecución de acciones concretas para detener la contaminación transfronteriza. A nivel político, legisladores como el senador Tim Sheehy han subrayado el impacto de la contaminación en la salud y operatividad de las fuerzas armadas estadounidenses.
En respuesta, México y Estados Unidos formalizaron el día de ayer un Memorando de Entendimiento para invertir 693 millones de dólares en proyectos conjuntos de saneamiento en la región Tijuana–San Diego. El acuerdo fue presentado por la secretaria mexicana de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, y el director general de Conagua, Efraín Morales López, y establece la cooperación binacional para avanzar en los compromisos previstos en el Acta 328 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Este memorando incluye 13 proyectos de infraestructura hídrica y sanitaria, con una inversión conjunta prevista para los años 2026 y 2027. Las acciones pactadas abarcan la ampliación de la Planta de San Antonio de los Buenos, la asignación de recursos para diez obras prioritarias en México y la conclusión de la Planta de Tratamiento de San Ysidro en 2028. También contempla la modernización de instalaciones como Arturo Herrera y La Morita, interceptores, colectores y nuevas plantas de bombeo.
El acuerdo se firmó durante la 32ª Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental, marcando un compromiso renovado para mitigar los impactos ambientales y de salud pública en la frontera, y fortalecer la relación bilateral mediante la gestión conjunta de los recursos hídricos.
