Durante el XXVIII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, integrantes de Brigada Callejera denunciaron extorsión de parte de organizaciones criminales de la Ciudad de México contra trabajadores sexuales en distintas alcaldías de la capital.
Conocido como “derecho de piso”, esta práctica que se ha agravado y que repercute tanto en seguridad física, como en ingresos de las mujeres que trabajan en diversas alcaldías de la CDMX.
Señalan que diversos grupos criminales han impuesto cuotas que van de 300 a 500 pesos diarios para permitirles ejercer su actividad.
Sin embargo, en caso de rezago en el pago, los montos pueden incrementarse hasta 1,000 o incluso 3,000 pesos en un solo día, de acuerdo con los testimonios recabados por colectivas y asociaciones que acompañan a las víctimas.
Esta modalidad delictiva, persistente en varias zonas de la capital, se cierne sobre el trabajo sexual, obligando a quienes lo ejercen a entregar una parte significativa de sus ingresos bajo amenazas constantes.
Quienes no cumplen con el pago son objeto de represalias que pueden ir desde la agresión física, el despojo de pertenencias e incluso amenazas de muerte.
Las trabajadoras sexuales señalan que la extorsión se ha convertido en una rutina frente a la falta de intervención efectiva de las autoridades.
¿Impunidad o desinterés? Sus denuncias no derivan en detenciones la mayoría de ocasiones
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no suelen derivar en investigaciones ni capturas de los responsables, generando un ambiente de impunidad.
De igual forma, acusan abuso y omisión por parte de algunos elementos de la policía local, quienes en ocasiones exigen pagos para brindar “protección” o a cambio de no detenerlas arbitrariamente.
Esta indefensión coloca a las trabajadoras sexuales en mayor situación de vulnerabilidad.
La violencia y la precariedad se agravan por factores como el estigma social, la ausencia de reconocimiento legal de su actividad y la falta de mecanismos institucionales eficaces para proteger su integridad.
Integrantes de colectivas advierten que las víctimas piensan dos veces antes de denunciar ante las autoridades por temor a represalias, desconfianza en las dependencias encargadas de procurar justicia o por experiencias previas donde sus demandas han sido ignoradas.
Organizaciones y colectivos como Brigada Callejera, que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales insisten en la urgencia de que el trabajo sexual sea reconocido como actividad laboral en la Ciudad de México.
Consideran que este tipo de reconocimiento podría abrir la puerta a la protección social y legal para quienes lo ejercen y pondría freno a prácticas como la extorsión sistemática.
En paralelo, colectivos y activistas han dirigido llamados tanto a la ciudadanía como a instancias de gobierno para que se generen estrategias de atención integral y se combata la corrupción en los cuerpos de seguridad.
Solicitan que se establezcan canales confidenciales y seguros para la denuncia y que se priorice la persecución penal de los grupos criminales responsables de las extorsiones.
