“El Ejército es una Institución Armada, Federal, permanente y profesional, comprometida a la observancia estricta de las leyes y reglamentos; la base bajo la cual se da su organización es la disciplina, razón por la cual esta es determinante en la impartición de justicia, encomendada al Servicio de Justicia Militar”, refiere el portal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).
Sin embargo, la institución no está exenta de que algunos de sus elementos caigan o cometan actos que pongan en entredicho su rectitud castrense.
El fuero militar ha sido objeto de debate jurídico, político y social durante décadas para proteger la disciplina y la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, pero ha tenido que ser revisado y limitado, especialmente cuando se trata de delitos que afectan a civiles o violaciones graves a los derechos fundamentales.
La aplicación del fuero militar fue ampliamente permisiva, situación que generó abusos cometidos por soldados o marinos contra la población civil se resolvieran al interior de las propias instituciones militares, favoreciendo la impunidad, razón por la cual organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha cuestionado por no ofrecer garantías de imparcialidad, independencia ni transparencia.
La revelación
Es así que la CNDH reveló que, entre 2006 y 2024, al menos 318 militares mexicanos han sido vinculados con violaciones graves a derechos humanos, de los cuales, solo 23 de estos casos han derivado en una sentencia condenatoria, lo que representa apenas el 7.2 % del total.
De igual modo del total mencionado, 16 están prófugos; 16 han sido absueltos; 109 están procesados; y 154 están indiciados.
Dicha información parte de un informe oficial presentado por el citado organismo de derechos humanos, publicado en un diario de circulación nacional, en el que se detalla la falta de avance judicial en múltiples investigaciones contra elementos castrenses en los siguientes delitos, la mayoría de estos casos permanecen en calidad de proceso penal abierto:
- Desaparición forzada.
- Ejecuciones extrajudiciales.
- Tratos crueles e inhumanos.
- Cateo ilegal.
- Violación.
- Tortura (en el contexto de operativos militares desplegados en tareas de seguridad pública).
- Privación de la vida.
- Abuso de autoridad.
En muchos de los casos, refiere el documento, las víctimas y sus familiares enfrentan dificultades para acceder a la justicia, sufren hostigamiento o bien carecen de recursos legales para continuar con los procesos.
Por tal motivo, la CNDH ha sugerido una mayor rendición de cuentas y transparencia institucional dentro del sistema castrense mexicano; que los casos en los que estén involucrados elementos del Ejército o Marina pasen al fuero civil, tal como lo determinan organismos internacionales.
