En un operativo ordenado dentro de la “Operación Sable”, autoridades estatales y federales retiraron recientemente 23 cámaras de videovigilancia ilegales en diversas calles de Juchitán, municipio del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. El objetivo principal que establece las autoridades es garantizar la integridad del sistema oficial de seguridad y evitar el uso indebido de sistemas de monitoreo para fines criminales o no públicos
La acción fue liderada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), así como la Vicefiscalía Regional del Istmo y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Además se resalta la estrecha colaboración con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), policía estatal y vial.
Así mismo, se detalla que las cámaras detectadas no estaban conectadas a los Centros de Control y Comando estatales o municipales (C2/C4), lo que mantiene la hipótesis hasta el momento de que formaban parte de una red clandestina posiblemente utilizada para vigilancia no autorizada, espionaje o apoyo a actividades delictivas.
¿Cómo ocurrió la desactivación y el aseguramiento?
Durante los recorridos de seguridad realizados en distintos barrios y secciones de Juchitán, los equipos especializados identificaron y desinstalaron cámaras ilegales conectadas a redes informales. Después, el personal las aseguró para su integración en las carpetas de investigación correspondientes .
De igual forma, se informó que estas cámaras, al operar fuera de la vigilancia pública institucional, “representan un riesgo para la seguridad ciudadana”. Esto al permitir el monitoreo encubierto de movimientos, patrullajes o domicilios sin autorización oficial.
¿Qué es la “Operación Sable”?
“Operación Sable” se definió en una reunión de evaluación previa a este operativo con miras a recuperar el orden y la paz social en la región del Istmo . La eliminación de estas cámaras clandestinas, según se dijo, es “sólo un paso dentro de una estrategia más amplia que incluye patrullajes, seguimiento de redes delictivas y fortalecimiento de la seguridad municipal”.
Por su parte, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla destacó que este tipo de acciones destraban controles ilegales y refuerzan la confianza ciudadana en el sistema oficial, una prioridad dado que la FGEO reportó una reducción del 22.86 % en incidencia delictiva de enero a mayo, comparado con 2022, y una mejora en la posición estatal hacia el quinto lugar con menos delitos a nivel nacional.
Cámaras ilegales usadas por el crimen organizado en México: un canal crítico delictivo
Las autoridades reconocen que redes de vigilancia no autorizada pueden utilizarse para controlar territorios, intimidar a la población o identificar operaciones de seguridad.
En zonas vulnerables, como el Istmo, esto se vincula frecuentemente a grupos criminales o redes corruptas con intereses específicos.
Por ello, la FGEO advirtió que no solo se tratará del retiro de cámaras ocultas, también se trabajará en inhibir patrones de instalación rápida y sin permisos, así como en sancionar a responsables, ya sean particulares o funcionarios coludidos.
