En el contexto de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), diversas organizaciones civiles solicitaron que se atiendan las recomendaciones contenidas en el informe sombra presentado al organismo. El documento aborda la situación de mujeres y personas LGBTIQ+ en movilidad humana y expone los efectos de la política migratoria mexicana en tres áreas principales: salud sexual y reproductiva, condiciones laborales y derecho al libre tránsito.
Según las organizaciones, las mujeres migrantes enfrentan afectaciones diferenciadas que se agravan en el caso de ser indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, trabajadoras agrícolas o personas de la diversidad sexogenérica. Muchas provienen de contextos violentos y, al ingresar a México, se enfrentan a condiciones igualmente adversas, sin garantías de acceso a la justicia ni a una vida libre de violencia.
El informe destaca que el incremento de controles migratorios, la militarización de las rutas y la presencia del crimen organizado han generado un entorno de alta vulnerabilidad. Las mujeres migrantes enfrentan violencia de género, institucional y discriminación múltiple. Datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 2024 indican que todas las mujeres entrevistadas reportaron haber sido víctimas de violencia durante su tránsito por el país.
Más de 10 mil carpetas, ninguna judicializada
Entre 2018 y 2024, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes inició más de 10 mil carpetas sin que alguna haya sido judicializada. Además, prevalece el temor a denunciar por miedo a represalias, deportación o falta de respuesta institucional. La Secretaría de Gobernación informó que, entre 2019 y 2024, tres de cada diez personas detenidas por razones migratorias fueron mujeres. Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) señaló que cuatro de cada diez solicitudes de asilo corresponden a mujeres.
Pese a recomendaciones previas de CEDAW, México mantiene la detención migratoria como práctica generalizada, con medidas que pueden extenderse más allá del plazo constitucional y aplicarse dentro del país, contraviniendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sus amparos 388/2022 y 275/2019, la Corte estableció la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias en carretera y el límite de 36 horas para las detenciones administrativas. No obstante, las prácticas vigentes siguen afectando a mujeres y niñas migrantes.
Barreras de acceso a salud sexual y reproductiva
Las organizaciones también advirtieron sobre las barreras que enfrentan las migrantes en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Entre las limitaciones se encuentra la pobreza menstrual, intensificada por obstáculos económicos, lingüísticos y de acceso a insumos básicos. En particular, las mujeres haitianas enfrentan barreras adicionales relacionadas con el idioma y el desconocimiento de sus derechos.
Las jornaleras migrantes padecen una doble exclusión: por su condición de migrantes y por ser trabajadoras agrícolas. A pesar de desempeñar labores esenciales para la cadena alimentaria, muchas carecen de seguridad social, reciben salarios precarios y enfrentan condiciones laborales que impiden el ejercicio de sus derechos reproductivos y de cuidado.
Piden inclusión de medidas
En este contexto, las organizaciones llamaron a que el Comité CEDAW incluya en sus recomendaciones al Estado mexicano medidas como: eliminar la detención migratoria, adecuar la Ley de Migración conforme a lo establecido por la Suprema Corte, mejorar la recolección de datos con enfoque de género y diversidad, e instalar una mesa interinstitucional para diseñar políticas de migración y asilo con perspectiva de género.
También pidieron ampliar las vías de migración regular, facilitar la regularización con procesos accesibles y no discriminatorios, garantizar el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva —incluido el aborto legal—, establecer políticas laborales para las trabajadoras agrícolas, y crear un Sistema Nacional de Cuidados que contemple sus necesidades y las de sus familias.
Las organizaciones firmantes insistieron en la obligación del Estado mexicano de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y migración, y de adoptar un enfoque integral que considere la interseccionalidad y las condiciones específicas de las mujeres en movilidad.
