Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, fue citado a indagatoria en la causa donde se investiga si recibió coimas a cambio de direccionar la licitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Deberá presentarse ante la Justicia bonaerense el 15 de diciembre a las 10.
Junto con el ex ministro también deberán presentarse a declarar a lo largo de este mes ocho empresarios que habrían pagado los sobornos. Todos fueron señalados por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta, quien investiga el caso.
Los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública que el Ministerio Público Fiscal le imputó a D’Onofrio habrían ocurrido -al menos- entre marzo de 2023 y enero de 2024, mientras integraba el Gabinete del gobernador Axel Kicillof.
El fiscal Garganta encontró evidencias para indagar al ex titular de Transporte acerca de presuntos acuerdos con siete empresas para garantizarles la adjudicación del servicio de VTV a cambio de coimas. Las compañías beneficiarias fueron Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA.
D’Onofrio viene de ser procesado y embargado en 350 millones de pesos por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en otro expediente donde se investigan maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito.
En esa causa el exministro fue acusado de “sustraer de las arcas del Estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito (...) acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles”.
Sospechas detrás de la VTV
De acuerdo al dictamen de la Fiscalía, el dinero acordado se canalizó a través de una empresa intermediaria: Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., de acuerdo a lo que expuso el fiscal Garganta en una resolución de 56 páginas firmada este lunes al que tuvo acceso Infobae.
Las empresas adjudicatarias de la VTV se comprometieron a contratar a Soluciones, la cual les cobraría un canon mensual durante los diez años de duración de la concesión. En estos pagos se escondería el supuesto retorno económico que, para la acusación, terminaba en los bolsillos de D’Onofrio.
Los documentos que constan en la causa dan cuenta de que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 Soluciones percibió una cantidad neta superior a los 4.995 millones de pesos de parte de las adjudicatarias.
El servicio de VTV en la provincia de Buenos Aires está dividido en 16 zonas, y el exministro D’Onofrio aprobó la adjudicación a las siete empresas mencionadas el 4 de enero de 2024.
Sin experiencia y con vínculos políticos
La selección de Soluciones SA para el manejo de la plataforma tecnológica de la VTV (el servicio de turnos y pago electrónico) resultó ser un factor central de las sospechas de corrupción.
Esta empresa fue calificada por el fiscal platense como una firma “vacía y sin experiencia” en el rubro tecnológico. Garganta destacó en su dictamen que no registró ingresos económicos entre 2021 y 2023, y tampoco poseía bienes, herramientas, vehículos o empleados con antecedentes en el área de las “innovaciones tecnológicas” ofrecidas al Ejecutivo provincial.
Soluciones cambió de manos cuando Sebastián Andrés Desio la compró el 10 de mayo de 2023. Solo cinco días después logró un millonario acuerdo de prestación de servicios con las empresas de VTV, antes de que estas fueran oficialmente adjudicatarias.
“Era en realidad una garantía o seguro previo e indispensable para que el Ministro firme la adjudicación del servicio de VTV, a fin de establecer la obligación que las empresas iban a tener luego de resultar adjudicatarias: abonar a Soluciones SA una suma de dinero determinada”, estableció el fiscal Garganta.
Sebastián Desio, presidente de Soluciones, tuvo un vínculo estrecho con el entorno del ex ministro D’Onofrio. Se identificó que frecuentaba el Ministerio de Transporte bonaerense y participaba en actividades políticas.
La Fiscalía lo ubicó como un allegado a colaboradores directos del ministro, como Tomás Uthurriague (ex director de Sistemas del Ministerio), con quien habría compartido militancia política.
Además, siempre según la reconstrucción de la acusación, Sebastián Desio luego de recibir el dinero de las empresas mencionadas -que serían coimas disimuladas- en este circuito compraba “inmediatamente” dólares y luego los retiraba en efectivo por ventanilla en un banco.
“Es una típica maniobra para hacer desaparecer el rastro de toda moneda”, sostuvo el fiscal.
Los presuntos retornos que iba a cobrar el dueño de Soluciones “estarían finalmente dirigidos a favor del Ministro de Transporte”, completó la acusación.
Desio está citado a indagatoria un día después de D’Onofrio. Luego continuarán los siguientes empresarios, señalados como autores del cohecho activo:
- Martín Hernán Serrano: 17 de diciembre
- Germán Leandro Rebolo: 17 de diciembre
- Leonardo Sclafani: 18 de diciembre
- Aitor Reter Aguado: 18 de diciembre
- Juan Manuel Funes Bige: 19 de diciembre
- Juan Pablo Pesculich: 19 de diciembre
- Germán Jorge Neuss: 22 de diciembre
La investigación observó además una serie de indicios que apuntan a un direccionamiento favorable hacia estos empresarios.
El primero es la falta de competencia. Aquel año, en las 14 zonas donde avanzaron propuestas privadas se advirtió que en ninguna región hubo superposición de oferentes. Esta coordinación, para la acusación, dejó traslucir un acuerdo previo entre las empresas y el Ministerio de Transporte.
Se identificaron también diversas irregularidades administrativas. Por ejemplo, una de las empresas adjudicatarias, Sistema Integral del Automóvil (que inicialmente era una Unión Transitoria de Empresas), presentó su oferta sin tener su contrato asociativo inscripto ante los organismos de control, incumpliendo los requisitos del pliego. Además, esta UTE se constituyó solamente dos días antes del plazo límite para la presentación de las ofertas. Y, además, seis de las diez empresas que integraron esa UTE se fundaron días antes de ofertar.
Otro punto llamativo, para el fiscal Garganta, fue el trato dispar dado a los oferentes. Mientras que a las siete empresas que ganaron la licitación se les permitió una segunda oportunidad para presentar documentación que faltaba, una de las compañías excluidas vio su oferta rechazada por un “excesivo formalismo”: la garantía de mantenimiento de oferta se presentó digitalmente pero no en papel.
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