Comenzó el juicio político al juez Martín Poderti por el robo de 144 monedas de oro y se quebró ante el tribunal

Este lunes comenzó en el Consejo de la Magistratura el juicio político a Martín Poderti, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, sobre quien pesa la acusación de haberse robado 144 monedas de oro que debía resguardar cuando era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. Durante la exposición de su defensa, a cargo del abogado Gastón Marano, el magistrado rompió en llanto cuando se dio a conocer que -como consecuencia del proceso- ya no puede mantener económicamente a sus cuatro hijos.

La acusación contra Poderti la llevan adelante los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi, y el camarista Diego Barroetaveña, todos ellos integrantes del Consejo. Buscan destituirlo por mal desempeño de sus funciones.

En contraparte, la defensa llegó al juicio con una hipótesis alternativa que se respalda en la declaración de un preso -condenado por Poderti- que tendría información sobre los verdaderos ladrones de las monedas. Los autores, según la explicación brindada por el juez, serían narcotraficantes que le están “cobrando un vuelto” por su trabajo en el caso “Marea Verde”.

Según dieron por probado los acusadores, el juez de Mar del Plata accedió 19 veces a la caja de seguridad N° 8-44 de la sucursal de San Isidro del Banco Nación donde se resguardaban objetos de valor incautados en una causa de narcotráfico.

El entonces secretario “era la única persona que se encontraba habilitada para ingresar a la caja de seguridad, por cuanto él era el que tenía las dos llaves que se habían adjudicado”, precisó el juez Barroetaveña, quien se hizo cargo de la mayor parte de la exposición acusadora.

Según detalló, los ingresos de Poderti a la caja fuerte sucedieron entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, y habrían ocurrido a espaldas del juez Lino Mirabelli, titular del Juzgado en el que se desempeñaba, ya que no se dejaron constancias de los accesos en el legajo.

El robo de las monedas de oro se descubrió una vez que absolvieron a su dueño en la mencionada causa narco. Se trata de Rodolfo Tamborini, identificado como un asesor financiero al que vincularon con el empresario narco Gustavo Sancho, condenado por mover cocaína en avionetas.

El funcionario judicial que reemplazó a Poderti como secretario del Juzgado de San Isidro, Matias Petrionabe, notó el faltante cuando abrió la caja de seguridad para avanzar con la devolución de todos los objetos secuestrados.

De acuerdo a la reconstrucción que se ventiló ante el Tribunal de Enjuiciamiento, un peritaje determinó que la puerta de la caja no tenía ningún rastro de haber sido forzada, y la cerradura funcionaba perfectamente. La defensa cuestionó la metodología de dicha evaluación, llevada adelante por un cerrajero.

Por el robo de las monedas, en paralelo al jury, Poderti está procesado en una causa penal por malversación de caudales públicos. El juez federal Emiliano Canicoba Corral lo envió a juicio y le dictó un embargo de 190 millones de pesos. Ese fallo fue confirmado en la Cámara de San Martín y el magistrado de Mar del Plata no logró que se revierta en la Cámara de Casación.

Ante el Consejo de la Magistratura, el integrante del TOF marplatense no solo debe responder por el presunto robo, sino también por el incumplimiento “flagrante, palmario y burdo” -según calificó la acusación- de su deber de preservación de los objetos puestos bajo custodia judicial.

“La sociedad y todos nosotros perdimos la confianza en él”, valoró en este sentido el juez Barroetaveña, quien remarcó además la importancia de discutir no solo las consecuencias penales del accionar de Poderti, sino también los aspectos éticos e institucionales de su conducta.

El juez Martín Poderti no logró contener las lágrimas en varios momentos de la audiencia. Se quebró primero cuando el abogado Marano habló de cómo el proceso en su contra afectó su vida personal.

“El doctor Poderti ha sido privado del 100% de sus haberes. Ayer descubrió, tratando de llevar a su hijo al sanatorio Lomas, que no tiene más obra social. Es un verdadero muerto civil: no puede ejercer como juez, no tiene salario, no puede ejercer como abogado, no tiene manera de procurarse los ingresos necesarios para él y sus cuatro hijos”, dijo el defensor ante el Tribunal.

A continuación, Marano reclamó la declaración de incompetencia del cuerpo para el juzgamiento de su defendido. Según su visión, no corresponde que lo someta a proceso el Consejo de la Magistratura porque los hechos que le imputan ocurrieron cuando era secretario, y no juez.

“Para que Poderti pueda sentarse en la silla de juez transcurrió un proceso en el que intervinieron todos los poderes, y en ese proceso fue visada su carrera y antecedentes, esto restringe la competencia de este jurado”, agregó la defensa.

Sobre este punto contestó el senador Luis Juez, integrante de la acusación. Negó categóricamente que los legisladores tuvieran conocimiento alguno del robo de las monedas de oro y la presunta vinculación del magistrado con el hecho cuando se trató su pliego en el Senado.

Luego de un cuarto intermedio la audiencia continuó con la declaración indagatoria del juez Poderti, que primero hizo una extensión de su defensa y luego aceptó responder preguntas de los jurados.

El Tribunal que decidirá sobre el futuro del magistrado acusado lo integran los jueces de Cámara José María Escobar Cello -quien ejerce la presidencia- y Víctor Arturo Pesino, designado como vicepresidente.

Completan el cuerpo los senadores nacionales Rodolfo Suarez y Jesús Fernando Rejal, los diputados nacionales Manuel Quintar y Agustina Lucrecia Propato y el abogado federal matriculado Antonio Manuel Estévez.

Elio Hernán Cajal es el nombre del detenido que envió dos cartas por correo electrónico al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Poderti, junto a sus pares Roberto Minguillon y Roberto Falcone, estuvieron a cargo de la ejecución de las penas de los 15 condenados en la causa “Marea Verde”, uno de los casos narcos más importantes en la ciudad balnearia.

El juez sometido a juicio político dijo que la conexión se completa con una presunta ramificación que tendría esta banda con el narco Gustavo Sancho.

“Quiero justicia de su parte. Usted sabe muy bien lo que es que le armen una causa a su Señoría. Se lo armaron los narcotraficantes, a mí me lo armó la policía corrupta de Mar del Plata”, dice un fragmento del mensaje que le envió Cajal al juez.

“La información que tiene para dar este testigo que está detenido me invita a pensar que todo viene de la banda que yo condené en Mar del Plata, esto está vinculado con los precedentes de narcotráfico en los que yo actué”, sostuvo en su defensa Poderti, que evitó dar el nombre de quien se estaría cobrando venganza contra él.

“Yo sé quién está detrás de este personaje, pero hasta que no declare no puedo dar ese nombre porque está en juego mi seguridad y la de mi familia”, explicó.

Los consejeros contradijeron esta versión resaltando que “el vuelto”, al parecer, solo era contra él y no hacia sus compañeros del Tribunal Minguillon y Falcone, que tuvieron la misma participación que Poderti y no pasaron por ninguna situación similar.

A su turno, la defensa del juez señaló cinco datos que la acusación -a su criterio- evita mencionar. Primero mencionaron las deficiencias del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro en cuanto a la custodia de efectos incautados, razón por la cual el oro se guardó en el BNA.

Luego señalaron el tiempo que pasó entre que Poderti entregó las llaves de la caja de seguridad y el hallazgo del faltante. Transcurrió un año y un mes entre una cosa y la otra. También pidieron no pasar por alto los “innumerables hechos de inseguridad bancaria” y reclamaron que se investigue si existieron “empleados infieles”.

La defensa del juez alegó también que hubo irregularidades en el registro que hizo el secretario que reemplazó a Poderti y descubrió los faltantes. Y, por último, consideraron que no se puede dejar de observar el historial del acusado, que “hace 30 años que es funcionario y nunca tuvo una inconducta”, según expresó Marano.

Poderti se defendió en esa línea ante el Tribunal: “Cuando esto pasó yo llevaba 27 años en Tribunales, estaba por ser juez. ¿Una mañana me desperté y dije ‘sabés qué, voy a destruir mi carrera’?”, dijo.

Luego su defensa presentó otros cinco pilares con los que buscarán desarticular la acusación. Por un lado, argumentaron que el estado patrimonial del magistrado no creció luego del supuesto robo, ni se encontraron las monedas sustraidas.

También mencionaron que en las planillas bancarias habría datos falsificados, ya que el juez desconoció haber escrito fragmentos que se le atribuyeron a su puño y letra.

Como tercer punto la defensa atacó la teoría del “robo hormiga” del botín. “Si Poderti se robó las 144 monedas, ¿para que entró 19 veces? Yo hice la prueba, puse monedas similares en una bolsa. Entran todas, ni siquiera hacen falta dos. Entonces algo distinto a eso debió haber pasado”, propuso el abogado defensor.

Luego mencionaron que el ahora juez de Mar del Plata entregó sin demoras las llaves de la caja de seguridad cuando se lo pidieron y, por último, resaltaron que en la caja de seguridad había más bienes y lingotes de oro que quedaron intactos y superaban el valor de las 144 monedas robadas.

Otro punto que se tocó durante la indagatoria de Poderti fue su supuesta vinculación con las apuestas. El dueño de las monedas de oro, Rodolfo Tamborini, denunció ante la Justicia que el magistrado se habría gastado el dinero en un torneo internacional de póker.

“Me quisieron hacer pasar como ludópata”, se defendió el integrante del TOF de Mar del Plata.

Luego, interrogado por los consejeros acusadores, el juez admitió: “Juego de manera esporádica, como cualquier ciudadano, cuando tengo tiempo, cuando me junto con amigos. Sí, alguna vez me fui de viaje a Punta del Este y me anoté en un torneo amateur de póker. No sabía que ser jugador de póker es un delito”.

Así concluyó la audiencia de este lunes. El juicio político seguirá mañana con las primeras declaraciones testimoniales.

Pasarán frente al estrado el juez de San Isidro Lino Mirabelli, y los empleados de su Juzgado Marcelo Becerra, Santiago Pietronabe, Matias Nicholson, Martín Ochoa, Sofía Antonella Cogoso y Jorge Marcelo Moyano Crespo.