Durante los últimos dos meses, llevé adelante el pequeño desafío de escribir una nota por día sobre el caso de los cuadernos de las coimas, camino a su juicio, que comenzará mañana jueves en el Tribunal Oral Federal N°7.

El caso es el mayor expediente de corrupción de la historia reciente. Allí, Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita creada y operada por Néstor Kirchner, una asociación ilícita que se extendió desde 2003 a 2015, doce años en el tiempo, que atravesó a casi toda la era K en el poder.

CFK misma sera enjuiciada otra vez en su historia por supuestamente recibir 204 coimas de grandes empresarios. Muchas de estos pagos sucios eran entregados, según el remisero Oscar Centeno, el autor de los cuadernos, al final de cada día en su viejo departamento de Juncal y Uruguay. Los recibía y recirculaba, supuestamente, el secretario de su marido, Daniel Muñoz.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido sigue en la lista del poder político, acusado de ser un organizador de esa asociación ilícita, tal como su ex subsecretario Roberto Baratta y Ricardo Jaime. De Vido, según la imputación, participó de la supuesta recepción de 187 sobornos. Carlos Wagner, entre tantos empresarios acusados que reconocieron pagar coimas, es una rareza; lo acusaron también de ser un organizador de esa asociación ilícita.

El caso, en sí, es una trama de expedientes conexos. Solo la causa principal de los cuadernos, la número 9608/2018, elevada a juicio por Claudio Bonadio tras la investigación del fiscal Carlos Stornelli en septiembre de 2019, tiene más de 12 mil fojas. Otros tres expedientes serán juzgados.

Entonces, tomé los papeles de este gigante judicial, busqué otra vez los testimonios, volví a Comodoro Py. Todos los días leer, y luego escribir.

En el camino, encontré un poco de miseria humana, un poco de poder despiadado, también, con aquellas polémicas que se repitieron una y otra vez durante tanto tiempo siete años atrás.

Creí que, al reescribir todas estas historias, al buscar un nuevo ángulo, bailaría un poco en el borde de la grieta, donde la parte -para muchos- más seductora del periodismo, parte del Poder Judicial y parte de la política se unieron para darse sentido a sí mismos durante los últimos quince años, una gran caja de resonancia donde el valor de sus jugadores se medía, precisamente, por cuánto se prestaban a este juego.

Hubo fama y fortuna en esa grieta, en una dialéctica que le permitió a muchos vestirse con la supuesta camiseta del bien y ufanarse de ello.

La grieta, en términos geológicos, implica la matriz del terremoto. Pero, al final, me encontré con otra cosa. No me encontré con el temblor, sino con el tiempo.

Para cuando este juicio termine, la grieta, tal vez, ya ni exista. Tal vez, volverá con más fuerza. Este es un juicio sin tiempo; podría durar “tres, cuatro años, con suerte”, aseguraba días atrás el fiscal Paul Starc titular de la Unidad de Información Financiera, querellante en el proceso. ¿Quién sabe qué Argentina espera del otro lado del veredicto?

El conflicto con el kirchnerismo parece la única dialéctica posible. En una Argentina de todo ahora todo el tiempo, es fácil perder de vista la línea larga de la historia. Visité Comodoro Py por primera vez como periodista a los 20 años, en los tiempos de las coimas en el Senado. Hoy, es difícil pensar en alguien que recuerde a Mario Pontaquarto. Tal vez, el juicio a los cuadernos de las coimas sea la nueva marca de esa distancia.

La fiscal Fabiana León, acusadora en el proceso, debería acusar a 91 imputados, la lista original de los elevados a juicio por Stornelli. Cuatro murieron en el camino.

Néstor Kirchner no está. Daniel Muñoz no está; falleció de cáncer en 2016. Juan Chediack, uno de los empresarios arrepentidos, complicado por el financista y también arrepentido Ernesto Clarens en su testimonio, perdió la vida en un accidente de avión en 2023.

Es una conclusión desagradable de decir, pero no todos los imputados llegarán al final del proceso; esta es una realidad aceptada por fuentes judiciales del caso, incluso por sus defensas. Uno de estos tantos abogados, amante de las metáforas, me aseguró: “Esta es una causa que será resuelta por la biología”.

Varios imputados ya pasaron los 80 años. Otros promedian los 70. Que intenten excusarse con licencias médicas que prolongarían el juicio es una de tantas opciones. En todo caso, con entender los números crudos basta: serán juzgados 20 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios. Habrá 626 testigos. Todos estarán allí, en el Zoom del proceso, ya que no hay una sala judicial física en la Argentina que los pueda reunir a todos.

La historia ni siquiera comienza a terminar este jueves 6. El expediente por el lavado de las coimas, con Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, como imputada principal, con una veintena de acusados, un monstruo de causa casi tan grande como la principal de los cuadernos misma, todavía espera ser elevada a juicio.

Así, los imputados envejecerán y enfermarán frente a la webcam. Irónicamente, las condenas tal vez serán menores al tiempo del proceso. En términos de penas, la peor parte se la llevarán los políticos acusados de ser jefes u organizadores de la asociación ilícita, con una pena mínima de cinco años, si es que son hallados culpables.

Será otra historia para los empresarios. La pena por el delito de cohecho activo, pagar una coima, es de uno a seis años de prisión. La inmensa mayoría de ellos firmó el acuerdo de imputado colaborador que marca la Ley 27304, lo que restará tiempo de sus posibles sentencias, si es que sus testimonios son hallados válidos. Durante la causa, varios denunciaron haber declarado bajo presión.

Más de 40 de estos arrepentidos ofrecieron sumas a simple vista siderales en las semanas previas al juicio para lograr su sobreseimiento, una maniobra prevista en el artículo 59 del Código Penal. Ángelo Calcaterra, por ejemplo, ofreció $2492 millones al Tribunal Oral Federal N°7; Benito Roggio, $1875 millones. Enrique Pescarmona, otros $510 millones. Quítenle algunos ceros a estas sumas con la conversión al dólar, libre u oficial, y, en el fondo, no es tanto. El financista Ernesto Clarens, ya jubilado, cubierto por el PAMI, ofreció pagar en especies, con un departamento en Miami y un yate amarrado en Miami también, valuados por Clarens en más de un millón y medio de dólares.

Al final, sus propuestas fueron rechazadas, con fuertes planteos de la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF con su colega Starc. En verdad, esos empresarios no buscaban un sobreseimiento; buscaban comprar tiempo de sus vidas.

No es un juicio para ansiosos o tiempistas. Difícilmente haya material para usar al proceso como arma política en la grieta, si es que al aparato paraestatal del Gobierno le interesa. La agenda del Tribunal N°7 marca que, hasta el comienzo de la feria de verano, se presentarán a las partes y se leerán las imputaciones de cada uno de los expedientes a ser juzgados. Luego, vendrán las indagatorias, si los acusados aceptan declarar.

Las rondas de testigos aún no fueron definidas. Al cierre de esta columna, Hilda Horovitz, la ex pareja de Centeno que destapó el caso al mencionar la existencia de los cuadernos en noviembre de 2017 en el marco de la , se dirigía bajo la lluvia al TOF N°7 a ver cuándo le tocaba. Todavía vive en el departamento de Once que, según Centeno, Baratta le compró para callarla.

Uno, en esta línea de trabajo, no se sorprende ante los músculos que flexiona el poder político, o el hampa. La crueldad de la corrupción empresarial es mucho más infrecuente. El caso de los cuadernos lo reveló como nunca antes en la historia penal argentina.

Los empresarios afirmaron haberle rendido millones de dólares al kirchnerismo, presionados por Baratta para recaudar. No lo denunciaron en la Justicia en su momento. Arrepentidos como José López y Clarens hablaron de los privilegios que implicaba pagar esas presuntas coimas. Usaban términos como “el club”. Pagaron y a la vez ganaron.

Hasta el día de hoy, investigadores como Stornelli o Starc no tienen un número definido de cuánto se llevaron los empresarios, solo por aportar el proverbial diego a Clarens, Baratta y otros. Tampoco hay una idea de qué pasó con toda la plata, de quién la controla hasta hoy y de cómo recuperarla, una ruta en efectivo donde cada actor, supuestamente, se llevó un poquito.

Muchos se enriquecieron, si es que son culpables. Otros en el caso, según sus relatos, no, ni cerca.

Hay decenas de historias dentro del caso. Me quedo con una en particular. Hernán Diego Del Río fue un verdadero tapado en esta historia, la figura detrás de la figura detrás de la figura. Durante los años de esplendor del kirchnerismo, Del Río -hombre de Ituzaingó, nacido en 1977- era el remisero personal de José María Olazagasti, ex secretario privado del superministro Julio De Vido y un hombre que fue de su confianza absoluta. Terminó detenido en 2018, junto a Baratta y su secretario, Nelson Lazarte, o empresarios como Armando Loson.

Los cuadernos de su colega Centeno lo complicaron, como a tantos otros.“El Pelado Hernán”, lo llamaba Centeno en sus anotaciones, en un alarde de imaginación. Del Río, según la acusación, era parte del pasamanos, del tren de sobres, bolsos y cajas con dólar cash.

Del Rio irá a juicio con su ex jefe, el jefe de su ex jefe y la jefa máxima de todos. Lo acusan de ser el partícipe necesario de un cohecho pasivo y partícipe necesario de una admisión de dádivas. La pena, en todo caso, será ínfima.

¿Se hizo rico por su presunto rol en el caso de los cuadernos? No parece. En su exposición ante el fiscal Stornelli, aseguró que llevaba como remisero particular a Alessandra Minicelli, la mujer del ministro De Vido, que lo usaban para llevar la carne y los chorizos a la quinta de De Vido -pero nunca lo invitaban al asado- y que, luego, consiguió una changa en el Congreso, no como asesor, sino como cadete en moto.

“Pudieron peritar el auto que está destrozado, pudieron verificar en el allanamiento que me baño con un balde y también que duermo en un colchón tirado en el piso", aseguró en aquellos días en Comodoro Py.