Aníbal Fernández pidió ser absuelto en el juicio del caso “Fútbol para Todos”, que se acerca a la fecha de veredicto. Sobre el ex jefe de Gabinete pesa un pedido de condena de tres años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el debate oral y público se discute si a través del contrato con la AFA para televisar los partidos se generó un perjuicio al Estado por más de 131.608.000 pesos entre 2010 y 2015.
La semana pasada ya había pedido ser absuelto el senador electo Jorge Capitanich, quien ocupó el cargo de jefe de ministros luego de Fernández. El fiscal general Miguel Ángel Osorio pidió para él ocho meses de cárcel y una inhabilitación por el doble del tiempo de la condena que reciba.
La diferencia en la imputación radica en que Aníbal Fernández está acusado de haber sido autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en concurso real con violación de los deberes de funcionario público. Al ex gobernador de Chaco, en tanto, solo le imputaron ese último delito.
El Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, dará a conocer el veredicto antes de que finalice el año. Restan las audiencias de réplicas y dúplicas entre las partes antes de que finalice el juicio.
La causa tiene más acusados. En su alegato, el fiscal Osorio pidió condenar también a Luis Segura, ex presidente de AFA -dos años de prisión-; Carlos Alberto Pandolfi, ex tesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) -un año-; Norberto Monteleone, ex gerente general de ese sindicato -un año-; y a Natale Antonio Rigano, expresidente de la firma Iveco -dos años-.
El Ministerio Público Fiscal requirió también que entre la AFA y Segura devuelvan solidariamente $456.681.777,46 por las comisiones que se habrían llevado las financieras en las que los clubes cambiaban los cheques diferidos con los que pagaba el ente rector del fútbol.
También se pidió el decomiso de otros $131.608.000 que, en caso de confirmarse las condenas, deberían volver entre la empresa IVECO y su expresidente Natale Rigano, dinero que el fiscal pidió destinar al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
El caso Fútbol para Todos
La causa se elevó a juicio por presuntas maniobras fraudulentas y desvío de fondos públicos, todo vinculado al contrato que la Jefatura de Gabinete mantuvo con la AFA por los derechos de televisación. Para la acusación, Capitanich y Fernández no controlaron debidamente el destino de los fondos, que luego fueron desviados por Segura y Julio Humberto Grondona.
Parte del dinero habría terminado en la fundación “El Futbolista”. El patrimonio neto de la entidad ascendió de 11.5 millones de pesos en 2009 a más de 100 millones de pesos en 2015, según dio por probado la Fiscalía.
En este marco, se incautaron más de 2 millones de dólares en efectivo que se encontraron en cajas de seguridad vinculadas a la fundación y sus autoridades.
El acuerdo entre el Gobierno y la AFA que dio vida al programa Fútbol para Todos tenía un doble objetivo: garantizar el acceso libre y gratuito de los partidos y fortalecer económicamente a los clubes.
Sin embargo, la investigación judicial que condujo el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que ocurrió exactamente lo opuesto: las instituciones aumentaron “sustancialmente” sus pasivos, y no se observó que hubieran cancelado las deudas que mantenían con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Adicionalmente, la acusación expuso un incumplimiento por parte de la AFA respecto a sus obligaciones de auditoría -lo que formaba parte del contrato- sobre los clubes. Esta supervisión era crucial para fiscalizar el cumplimiento estatutario, el cual dictaba, entre otras cosas, que las entidades deportivas debían mantener una contabilidad específica para el fútbol profesional y destinar fondos a obras de utilidad deportiva o cultural.
En cuanto a las presuntas maniobras de desvío de fondos hacia cuevas financieras, el fiscal Taiano señaló en su requerimiento de elevación a juicio que se cobraron cheques a través de la AFA y otras entidades, y aunque “la operatoria de descuento de cheques de pago diferido resulta legal, lo cierto es que se ha producido un desvío hacia las arcas” de las empresas señaladas, lo que “significó un daño al patrimonio público y, por otro lado, un escenario de fortalecimiento de las finanzas” de las compañías privadas.
El detalle de los pagos
La acusación detalló que los pagos de la AFA a los clubes no llegaban en su totalidad a las entidades deportivas, ya que los imputados aplicaban un “descuento”, y esa diferencia entre el monto emitido y el recibido era destinada a intermediarios.
Las pesquisas también se centraron en seis contratos de sponsoreo o naming que fueron suscriptos entre la AFA, la Jefatura de Gabinete de ministros y la empresa Iveco desde febrero de 2010, presuntamente beneficiada de forma ilícita. A lo largo de la duración de estos acuerdos, la AFA recibió aproximadamente 86 millones de pesos por los derechos otorgados a la empresa automotriz, que habría pagado sus avisos un 75% menos que lo que se abonaba en promedio.
La Auditoría General de la Nación advirtió precios irrisorios, una opción de recibir camiones como forma de pago que no tenía justificación alguna, y la omisión de los mecanismos propios de las contrataciones públicas.
Estos convenios se habrían concretado sin sujetarse a la normativa legal ni a licitación alguna, aceptando pagos en especie sin que se acreditara una necesidad previa o que los conceptos facturados coincidieran con los cuadros tarifarios del programa.
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