Con la firma de una fiscal federal y un fiscal general, el Ministerio Público pidió la elevación a juicio oral del exjuez de la Cámara Federal de Mar del Plata Jorge Ferro, acusado de incumplir de manera reiterada los deberes de funcionario público al favorecer con sus decisiones a un estudio jurídico vinculado a un imputado en la causa por trata de personas y lavado de dinero del emblemático prostíbulo Madaho’s, que funcionó durante casi dos décadas en la ciudad balnearia.

El requerimiento fue elaborado por Laura Mazzaferri, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, junto al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. En el escrito también solicitaron que se enjuicie al abogado Alejandro Ferrarello, señalado como autor de tráfico de influencias activo agravado, y a sus colegas María de las Mercedes Hernández Morhain y Federico Ariel Gil de Muro, considerados coautores de esa maniobra.

De acuerdo con la imputación de la que dio cuenta este viernes el sitio del Ministerio Público Fiscal (MPF), Ferrarello utilizó su influencia para que el entonces juez Ferro dictara, demorara u omitiera resoluciones en expedientes bajo su competencia a cambio de obtener beneficios económicos a través del bufete que encabezaba. La fiscalía planteó que, en paralelo, el magistrado brindaba asesoramiento legal con habitualidad al estudio jurídico en casos en los que este era parte.

La acusación contra el excamarista abarca diez hechos ocurridos entre 2002 y el 1 de mayo de 2018, cuando presentó su renuncia al tribunal de Alzada mientras avanzaba en el Consejo de la Magistratura un proceso disciplinario por su presunta connivencia con Ferrarello. Según la hipótesis de los acusadores, las acciones y omisiones del magistrado reflejaron un patrón de conducta reñido con la imparcialidad judicial y dañaron los principios que rigen la administración de justicia.

El proceso tiene como eje central el caso del prostíbulo Madaho’s, un local nocturno ubicado en la calle Alem al 4200 de Mar del Plata, conocido por haber funcionado durante casi veinte años como cabaret de alto perfil o VIP. El lugar fue allanado en septiembre de 2014, cuando las fuerzas de seguridad rescataron a 25 mujeres víctimas de explotación sexual, hecho que dio inicio a la investigación por trata y posteriormente a otra por lavado de dinero. En ese contexto, Ferrarello resultó procesado, y la fiscalía afirma que Ferro intervino en calidad de camarista con el fin de favorecer su situación procesal, pese a la relación personal y económica que los unía.

La pesquisa contra el exjuez comenzó el 1 de septiembre de 2016, a partir de una denuncia conjunta de los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mángano; de los entonces titulares de la PROCELAC, María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá; y del fiscal federal de Mar del Plata, Nicolás Czizik. La base probatoria fueron los peritajes realizados sobre teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados en un allanamiento de abril de 2015 a las oficinas comerciales del estudio jurídico de Ferrarello, donde también se desempeñaban Hernández Morhain y Gil de Muro.

De esa evidencia surgieron comunicaciones que, para la acusación, ratificaron el vínculo laboral y económico entre Ferro y el abogado. Los mensajes, en efecto, revelaron que el entonces juez no solo estaba al tanto de los expedientes en los que intervenía su equipo, sino que incluso ofrecía colaboración jurídica en distintos procesos penales a su cargo como el del bar Madaho’s.

Además del requerimiento de elevación a juicio, los fiscales plantearon la continuidad de la investigación patrimonial del exmagistrado por posible enriquecimiento ilícito, ya que los delitos de tráfico de influencias y de incumplimiento de los deberes de funcionario público habrían derivado en ganancias indebidas en favor de Ferro.

El excamarista, de extensa trayectoria en el Poder Judicial, se desempeñó como juez federal durante más de tres décadas. En 2024, la Cámara Federal de Casación dictó un fallo que permitió seguir adelante con la pesquisa en su contra, al revocar la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata, que en 2023 sobreseyó a Ferro por considerar prescripta la acción penal para perseguir la presunta violación a los deberes de funcionario público. En 2025, el máximo tribunal penal del país emitió un fallo similar respecto al delito de enriquecimiento ilícito.

Ahora, con el dictamen fiscal presentado, el caso queda a la espera de que el juez de instrucción decida sobre la procedencia para elevarlo a debate oral y público.