La defensa de Brenda Uliarte pidió su absolución en el juicio por el intento de asesinato de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Este miércoles finalizaron los alegatos y el Tribunal Oral Federal N° 6 confirmó que el 8 de octubre dará a conocer el veredicto, luego de escuchar las últimas palabras de los acusados.

Para los abogados de la presunta partícipe necesaria del atentado, durante el debate oral y público “no se pudo acreditar” su supuesto aporte al plan criminal perpetrado por su exnovio, Fernando Sabag Montiel. También alegaron que existe una incapacidad sobreviniente por la que deben exculparla, dadas “sus condiciones psíquicas”.

La defensa cargó contra los informes periciales que determinaron que está en condiciones de afrontar el juicio, e impugnaron las conclusiones que indicaron que “Uliarte simula” acciones o síntomas de sus trastornos de salud mental.

“No puede pensar claramente lo que pasó en este debate, ni lo que está pasando en este mismo momento”, dijo el defensor oficial Eduardo Chittaro, durante una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py y que se extendió por más de ocho horas.

Además, la defensa exhibió un escenario en el que Brenda Uliarte llegó a Juncal y Uruguay sin saber acabadamente que el plan era asesinar a la entonces vicepresidenta: “¿No será que Uliarte se sorprendió de lo que hizo Sabag?”, propuso su abogado. Y siguió: “Sabag dijo claramente que ella ‘no estaba tan segura de lo que yo podía hacer’”.

Para descartar la participación necesaria que se le imputa, los defensores resaltaron que Uliarte no consiguió el arma ni las balas, tampoco trasladó la pistola al lugar del hecho ni le enseñó a tirar a su exnovio.

Además, Chittaro buscó desarmar la idea de que ella lo manipulaba, y sugirió que él la trataba mal, aunque aclaró que no lo acusan de violento o golpeador.

La fiscal general Gabriel Baigún pidió para Brenda Uliarte una condena de 14 años de cárcel al considerarla partícipe de la tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego.

En su alegato, la defensa pidió revertir los agravantes y atacó especialmente el de violencia de género: “Esperamos que vuestras excelencias no tengan el privilegio de ser los primeros jueces de la República Argentina en condenar a una mujer por un femicidio, en este caso en grado de tentativa”, le dijo Chittaro al TOF N° 6, integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg.

Por otra parte, la defensa retomó el argumento de que el homicidio no podría haber ocurrido porque la pistola no tenía munición en la recámara, producto de que Sabag Montiel habría colocado mal el cargador: “No es que ‘la bala no salió’, acá el asunto es que la bala no podía salir, que es algo muy distinto. La diferencia es fundamental”, planteó Chittaro.

Los defensores también hicieron un repaso por la difícil historia de vida de la acusada, detallaron que atravesó problemas familiares, fue víctima de violencia de género y perdió un hijo por problemas de salud.

Además solicitaron que, en caso de ser condenada, la pena no supere los 10 años de cárcel si es considerada coautora o partícipe necesaria del atentado. Si la encontraran culpable como partícipe secundaria, pidieron 5 años o menos.

Una vez finalizados los alegatos, el Tribunal rechazó la posibilidad de réplicas y dúplicas -la Fiscalía había pedido contestar algunas citas de la defensa- y llamó a un cuarto intermedio hasta el 8 de octubre.

Más temprano este miércoles también hizo su alegato la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, que será absuelto y recuperó su libertad hace algunas semanas. La Fiscalía y la querella desistieron de la acusación ante la falta de pruebas en su contra.

Se lo conoció como “el jefe de los Copitos”, ya que administraba el emprendimiento de venta de algodones de azúcar en el que trabajaban Uliarte y Sabag Montiel.

Carrizo pasó casi tres años preso, bajo la sospecha de que había participado en la planificación del intento de magnicidio y que había aportado un arma para el plan criminal. Luego del atentado había enviado mensajes que, a priori, lo incriminaban.

“¿Quién entrega voluntariamente al fiscal de la causa un celular que contiene la prueba con la que termina detenido y luego procesado?”, se preguntó el defensor Gastón Marano.