La justicia federal volvió a rechazar un intento de cerrar la causa que investiga presuntos sobornos pagados por la firma brasilera Odebrecht en los proyectos de ampliación de la red de gasoductos "Transportadora de Gas del Sur" (TGS) y "Transportadora de Gas del Norte" (TGN). La defensa de Marcio Faria Da Silva, ex vicepresidente de la constructora y uno de los directivos que confesó en Brasil el pago de coimas, había pedido la prescripción de la acción penal. La jueza María Eugenia Capuchetti resolvió que los plazos para clausurar el expediente no se encontraban cumplidos y que el expediente debía continuar.

Los abogados de Da Silva argumentaron que los cargos que afronta su cliente, cohecho activo, tiene una pena máxima de seis años y que los hechos que le atribuyen se ciernen a los años 2004 y 2006. Incluso tomando como referencia transferencias detectadas entre 2013 y 2014 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la defensa alegó que el tiempo transcurrido tornaba prescripta la investigación penal en su contra. Ese planteo fue acompañado por otros acusados y el fiscal del caso opinó en el mismo sentido. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente, se opuso al entender que los plazos para clausurar la pesquisa habían quedado suspendidos porque algunos de los imputados conservaron cargos en la administración pública hasta 2020.

Capuchetti coincidió con ese criterio. Señaló que Cristian Folgar, ex subsecretario de Energía, siguió trabajando en la Cámara de Diputados, y que Julio De Vido percibió su salario como legislador hasta diciembre de 2019. También recordó que los exrepresentantes de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat, dejaron sus puestos en 2020 y 2017.

La causa, abierta hace más de 17 años, forma parte de la investigación sobre las presuntas coimas canalizadas a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. Según reconoció la propia constructora en Brasil, el monto total de sobornos por los gasoductos ascendió a 25 millones de dólares. Además de De Vido y Da Silva, están imputados el ex secretario de Energía Daniel Cameron, Bautista Marcheschi, Folgar, Beuret, Bragulat y el empresario Armando Loson.

No es el primer intento del exejecutivo brasileño para desvincularse del caso. En 2023, la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso extraordinario en el que reclamaba la falta de acción. Antes, el juez Daniel Rafecas, la Cámara Federal y la Cámara de Casación habían rechazado planteos similares. El máximo tribunal confirmó aquellas decisiones por cuestiones formales.

Las actuaciones de los gasoductos se encuentran divididas en dos tramos. Uno fue elevado a juicio oral en 2019 por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Allí se acusa a exfuncionarios de haber favorecido de manera irregular a Odebrecht y a CAMMESA en contratos por unos 2.300 millones de dólares. El segundo tramo, todavía en instrucción, busca determinar el esquema de sobornos y se apoya en las confesiones de Da Silva y Luiz Antonio Mameri, quienes en Brasil reconocieron pagos ilegales en distintas obras públicas en Argentina.

Pero la "trama Odebrecht" en el país no se limita a los gasoductos. Otro frente relevante es el expediente por la adjudicación, en 2007, de dos grandes proyectos de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de la localidad de Berazategui. En esa causa, ya elevada a juicio, están imputados el ex ministro de Planificación Federal De Vido, su ex mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, ex ejecutivos de Odebrecht y de la empresa de agua.

El caso se inserta en el escándalo internacional conocido como “Lava Jato“, en el que Odebrecht admitió haber pagado sobornos en más de una docena de países para asegurarse distintos proyectos de infraestructura. En Brasil, Da Silva obtuvo beneficios procesales por colaborar con la justicia y llegó a declarar en 2017 que había participado en una reunión con el entonces presidente Michel Temer, en la que se discutió un pago ilegal de 40 millones de reales vinculado a contratos de Petrobras.