Con el voto de sus tres ministros, la Corte Suprema de Justicia rechazó este martes un recurso impulsado por el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín y, de esa manera, dejó firme su destitución como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El exfuncionario del entonces gobernador Omar Perotti había llegado hasta la más alta instancia judicial cuestionando las decisiones adoptadas por la justicia local, que habían desestimado su intento de frenar un sumario administrativo en el que se lo acusaba de “faltas graves”.

El fallo del Máximo Tribunal, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja presentada por el exministro bajo el argumento de que el recurso extraordinario era “inadmisible”, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Lorenzetti, en su voto, aclaró que este tipo de decisiones no implica convalidar la justicia del fallo cuestionado, sino únicamente rechazar la vía procesal elegida, citando el precedente “Vidal”.

El caso se originó cuando Saín presentó una acción de amparo contra la provincia de Santa Fe para detener un sumario administrativo abierto en su contra durante su gestión como director del Organismo de Investigaciones, cargo que asumió en 2017. En esa presentación, alegó que el procedimiento configuraba un “juicio político encubierto” y que se aplicaba de forma retroactiva una ley disciplinaria que consideraba inconstitucional.

El juez de primera instancia rechazó el planteo, lo que fue confirmado después por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Rosario y luego por la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Laboral. Ambos tribunales entendieron que la vía del amparo no era idónea y que la cuestión se había tornado abstracta, ya que en noviembre de 2021 la Legislatura santafesina había votado su destitución.

La Corte Suprema provincial, también por mayoría, rechazó la queja. Ante ese escenario, la defensa de Saín acudió a la Corte nacional, que este martes cerró el camino judicial y otorgó firmeza al procedimiento que derivó en su apartamiento del cargo.

El exministro fue destituido en noviembre de 2021 en manos del Poder Legislativo de Santa Fe, en aplicación de la ley provincial 14.016, que había ampliado el régimen disciplinario del Ministerio Público de la Acusación. Allí se lo acusó de haber cometido faltas graves vinculadas a su paso por el Ministerio de Seguridad.

Saín, politólogo y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), denunció en reiteradas oportunidades que fue objeto de persecución y sostuvo que la ley provincial había sido diseñada especialmente para desplazarlo. Sin embargo, todos los tribunales que revisaron su reclamo coincidieron en que el amparo no resultaba procedente para cuestionar decisiones de carácter legislativo.

Más allá de este revés, Saín, de 60 años, enfrenta un proceso judicial de mayor envergadura. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, pidió elevar a juicio la causa iniciada en 2022 en su contra por presunto espionaje ilegal.

De acuerdo con la acusación, Saín lideró una asociación ilícita que confeccionó al menos 661 “perfiles” sobre dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y funcionarios judiciales sin orden de un juez, en violación de la Ley de Inteligencia. La imputación sostiene que esas prácticas implicaban la sistematización de datos sensibles -patrimoniales, familiares y migratorios- obtenidos tanto de registros públicos como de bases privadas.

En esa causa también están involucrados seis ex colaboradores de su gestión en el Ministerio de Seguridad de la provincia, entre ellos la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman, y la exdirectora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Además, se les atribuyen delitos de abuso de autoridad, peculado y desvío de fondos destinados a gastos reservados.

La investigación incluyó, además, sospechas sobre una licitación para la compra de armas para la policía provincial. En ese marco, Saín fue imputado por “negociaciones incompatibles con el cargo” y tentativa de defraudación a la administración pública, con un perjuicio estimado en más de 17 millones de dólares.