El fiscal federal Abel Córdoba reclamó al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), integrado por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, la condena a cinco años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, por considerarlo co-autor penalmente responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo.

El pedido de Córdoba fue en el marco de los alegatos finales, acompañado por su auxiliar Juan Manuel Gasset. Ambos reclamaron la misma pena para el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López, y para el exgerente general de Nación Fideicomiso S.A., Néstor Ulloa. El fiscal también exigió la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para cada uno de ellos.

Durante tres audiencias, la Fiscalía acreditó la existencia de un acuerdo entre funcionarios del Ministerio de Planificación y directivos de la constructora sueca Skanska para adjudicar las obras de ampliación de los gasoductos norte y sur. Según el fiscal, el objetivo fue asegurar la obtención de contratos millonarios para la empresa y desviar fondos públicos mediante sobornos.

Córdoba y Gasset fundamentaron su pedido al valorar toda la prueba reunida a lo largo del juicio. Entre las más relevantes citaron informes de la Sindicatura General de la Nación, cruces de registros telefónicos y correos internos de Skanska. Destacaron que la trama probatoria es consistente y proviene de diversas fuentes.

Los contratos adjudicados superaron los 21 millones de pesos para los “loops” del Gasoducto Norte, 26.398.945 pesos para la planta compresora de Onfunes y 291.266.298 pesos para la ampliación del gasoducto sur, sumando el impuesto al valor agregado. La Fiscalía sostuvo que estas cifras reflejan el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado.

Según los fiscales, el mecanismo consistió en la manipulación fraudulenta de los procedimientos de selección y contratación, dotando de una legalidad simulada a adjudicaciones previamente acordadas. Se estableció un sistema cerrado de toma de decisiones, en el que la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Energía, Enargas y Nación Fideicomiso asumieron roles coordinados para asegurar la adjudicación a Skanska.

Para los fiscales, la participación de De Vido fue determinante, ya que, según el argumento, desde su posición ministerial diseñó y coordinó el funcionamiento conjunto de los organismos involucrados, manteniendo el dominio funcional del plan ilícito.

En el caso de Néstor Ulloa, se le atribuyó un rol clave como administrador de los fondos fiduciarios y comitente de las obras, participando en la formalización de la selección de Skanska y en la ejecución de los pagos, incluso ante objeciones por sobreprecios. La Fiscalía remarcó que, ante un desvío presupuestario de 16 millones de dólares en la planta compresora de Onfunes, Ulloa aseguró la disponibilidad de recursos para continuar con la contratación, lo que, según la acusación, evidencia su intervención decisiva en el avance del trámite.

Los fundamentos señalan también que el esquema se materializó a través de la imposición de concursos privados que limitaron la competencia y permitieron la preselección discrecional de empresas, así como la aprobación de ofertas con sobreprecios respecto a los presupuestos técnicos.

En la instalación de los loops para TGN, se detectó un sobrecosto de 11,72 %, equivalente a 4.370.000 dólares. En la construcción de plantas compresoras para TGN, el desvío alcanzó el 125 % del presupuesto, lo que representó 14,9 millones de dólares adicionales. Para las obras de TGS, el incremento final fue de 34 millones de dólares más IVA, llegando a 47 millones de dólares con impuestos incluidos. Estos porcentajes y montos fueron destacados como pruebas del daño económico causado.

El detalle del esquema de sobornos se llevó adelante a través de una red de facturación en la que Skanska habría simulado operaciones comerciales con 23 empresas proveedoras apócrifas, emitiendo facturas por más de 14.017.588,69 pesos. La propia firma sueca reconoció las irregularidades de estas operaciones y rectificó sus declaraciones tributarias ante la ex AFIP entre 2006 y 2008.

La fiscalía señaló también que dicha red de empresas utilizadas no fue creada por la propia compañía, sino que fue proporcionada por Néstor Ulloa, quien -siempre según la acusación- designó a Alfredo Greco y Adrián López como operadores encargados de gestionar la emisión de facturas apócrifas, coordinar el cobro de cheques y entregar el efectivo a los destinatarios finales.

Por otra parte, los fiscales pidieron condenar a Mario Piantoni, CEO de Skanska en Argentina, a 4 años y medio de prisión, así como también a los directivos Gustavo Vago, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y a Roberto Antonio Zareba a la misma pena por su participación como coautores funcionales.

Córdoba y Gasset determinaron que la operatoria de Skanska no fue un hecho aislado, sino una práctica empresarial habitual y sistemática, que integró la criminalidad al funcionamiento ordinario de la compañía en el sector de la obra pública.

Finalmente, los funcionarios del Ministerio Público pidieron absolver por falta de pruebas al exdirectivo de la firma sueca en Argentina, Ignacio de Uribelarrea; el mismo requerimiento se extendió a Jorge Butti, contador de las empresas Conaza SA y AMSA SA; Renato y Walter Cecchi, apoderados de Metalúrgica Cecchi y Gafforini SA; Juan Cruz Ferrari, apoderado de ASM SA; Rubén Gueler, socio gerente de Conisht SRL; Estela Insenga, apoderada de Spital Hermanos SRL; Danimiro Kovacik, presidente de INARGIND; Claudio Moreto, presidente de Conaza SA; Daniel Nodar, socio gerente de Transporte Arco Iris SRL; Raúl Orsini, presidente de CONUMI SA; Blas Luis Pierotti, presidente de GENERART SA; Jorge Roldán, presidente de Metalúrgica Roldán SA; Enrique Rubinstain, asesor comercial de Conalbe SA y Comunication & Business SA; Miguel Spital, apoderado de Spital Hermanos SRL; Alejandro Tettamanti, presidente de ASM SA y Pedro Ubaldo Carrozzo, socio gerente de Darom Construcciones SRL, quienes representaban a las compañías acusadas de la supuesta facturación falsa.