El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación quedó conformado este viernes para decidir el futuro del juez de Mar del Plata Martín Poderti, acusado en una causa penal de haberse apropiado de 144 monedas de oro que se encontraban bajo custodia judicial.
La notificación formal llegó al Consejo de la Magistratura, donde se detallan los nombres de quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de determinar si el magistrado debe ser destituido de su cargo.
Al frente del tribunal de enjuiciamiento estarán los jueces de Cámara José María Escobar Cello -quien ejercerá la presidencia- y Víctor Arturo Pesino, designado como vicepresidente. Completan la integración los senadores nacionales Rodolfo Suarez y Jesús Fernando Rejal, los diputados nacionales Manuel Quintar y Agustina Lucrecia Propato y el abogado federal matriculado Antonio Manuel Estévez. Esta composición fue informada y notificada formalmente a las partes involucradas.
La acusación recaerá sobre los hombros de los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi, junto con el juez Diego Barroetaveña, quienes fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura para cumplir ese rol específico durante el jurado.
En paralelo, el juez suspendido fue emplazado a designar a su nuevo equipo de abogados, hasta el momento había sido representado por el abogado Gastón Marano. También se dio aviso a la Defensoría Oficial para que tome conocimiento de la situación.
El pasado 27 de agosto, bajo la conducción de Horacio Rosatti, el Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad tanto la suspensión preventiva de Poderti como la apertura formal del procedimiento de remoción.
Poderti, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, enfrenta la grave imputación por haberse apropiado exactamente de 144 monedas de oro durante su desempeño como secretario del Juzgado Federal N°2 de San Isidro.
Entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, según los resultados de la investigación, ingresó en 19 ocasiones a la caja de seguridad N° 8-44 de la sucursal San Isidro del Banco Nación.
Ese espacio resguardaba las monedas de oro incautadas. Aunque tenía la responsabilidad de custodiar dichos bienes, el secretario decidió apropiarse de esas monedas en varias oportunidades, incluso durante sus períodos de licencia, y sin dejar constancia en el expediente judicial correspondiente.
La irregularidad fue advertida recién el 9 de abril de 2024, cuando correspondía proceder con la entrega de los valores depositados y se verificó la falta de las monedas.
En esa causa, la Cámara Federal de San Martín dispuso su procesamiento al considerarlo responsable del delito de malversación de caudales públicos.
La resolución que dio origen al proceso disciplinario contó con el respaldo unánime de los consejeros presentes, con la única excepción del juez Alberto Lugones, quien se excusó de votar.
Durante el plenario, el senador Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación, tomó la palabra para repasar el caso e hizo declaraciones sobre el contexto de la defensa presentada por Poderti: “No sé como dirían en Roma, pero en Córdoba decimos está complicado… Que se defienda como pueda”, señaló durante la sesión.
Juez también expresó consideraciones sobre la estrategia de defensa adoptada por el magistrado suspendido: “El doctor Poderti argumentó que si había alguna inconducta tipificada en un hecho delictivo, lo había hecho como secretario. Con todo respeto, en 40 años de profesión, he participado de muchas defensas penales pero la de Poderti me pareció horrible. No podía creer que se defendiera de la prueba de manera tan poco racional”, manifestó, antes de que se concrete la votación que selló el destino procesal del juez.
El dictamen aprobado en el plenario del Consejo sostuvo la importancia y gravedad institucional de la decisión a adoptar. “Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, dijeron los consejeros.
Ahora, el jurado convocado deberá analizar las pruebas y los descargos para determinar si corresponde destituir a Poderti, cuya situación procesal se encuentra a consideración por el presunto robo de bienes custodiados judicialmente.
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