La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los camaristas Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, desestimó un recurso que buscaba frenar el proceso contra el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de mantener y favorecer vínculos con el narcotráfico. Con esta resolución, el máximo tribunal penal del país respaldó la continuidad de la investigación y la aplicación del sistema acusatorio que opera en la jurisdicción de Rosario desde mayo de 2024.

El recurso había sido presentado por la defensa del abogado tributarista Guillermo Zenklusen, ligado a una de las causas que se le siguen al exmagistrado por delitos de corrupción, extorsión, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su planteo, en rigor, consistió en cuestionar la validez del procedimiento bajo la nueva modalidad procesal, alegando que, de acuerdo con el código vigente antes de la implementación del que rige ahora en el distrito judicial rosarino, el caso debía tramitarse bajo la órbita de un juez y no con la intervención de fiscales como protagonistas del proceso.

El juez Carlos Mahiques, al rechazar el planteo, consideró que constituía una reedición improcedente de cuestiones que la Casación Federal ya había resuelto en dos oportunidades anteriores: el 19 de marzo y el 22 de mayo, cuando rechazó pedidos idénticos formulados por Marcelo Bailaque. Recordó que en esos precedentes el tribunal evaluó de manera conjunta los tres procesos que se siguen al exmagistrado y concluyó que debían tramitar bajo el Código Procesal Penal Federal.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Gemignani sostuvo que el recurso era inadmisible porque no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable, ni se había planteado una causal de "arbitrariedad" en forma adecuada. Señaló además que se trataba de una reiteración de lo ya decidido previamente por la Cámara en otras incidencias.

El camarista Mariano Borinsky, tras delimitar el marco teórico aplicable al caso concreto, entendió que Guillermo Zenklusen aún no se encontraba formalmente imputado, por lo que carecía de la "legitimación subjetiva" necesaria para cuestionar la resolución. Consideró, además, que no había acreditado un agravio concreto y atendible. En lo fundamental, adhirió a los argumentos y a la solución propuesta por su colega Mahiques.

Por otro lado, el presidente Javier Milei en junio de este año le aceptó la renuncia a Bailaque, quien había estado a cargo durante años del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario. El exmagistrado buscó anticiparse a una inminente destitución en el Consejo de la Magistratura y de esa manera preservar su haber jubilatorio.

Bailaque enfrenta cargos en tres causas penales diferentes. La primera lo investiga por supuestas extorsiones a empresarios del grupo San Cristóbal junto al financista Fernando Whpei y al exjefe de AFIP Rosario Carlos Vaudagna, quienes habrían presionado a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto mediante la apertura de expedientes judiciales y administrativos direccionados con fines de obtener dinero.

La segunda pesquisa apunta a irregularidades en el manejo de fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín, donde Bailaque habría autorizado transferencias a una mutual vinculada al grupo de Whpei, ocultando su relación con él.

La tercera, y de mayor impacto, lo acusa de favorecer los intereses del narcotraficante Esteban Lindor Alvarado y de su expareja Rosa Natalí Capuano, rechazando medidas de prueba y pedidos del Ministerio Público que podían afectar al clan. En esta trama aparece mencionado Gabriel Mizzau, contador del clan y amigo personal del juez.

En julio pasado, en tanto, la misma Sala III de la Cámara Federal de Casación rechazó la posibilidad de revisar la prisión preventiva dictada en su contra, con domiciliaria y tobillera electrónica.