El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer los fundamentos de la condena a Damián Berruet, quien enfrentará cuatro años de prisión por el intento de robo doblemente agravado de una camioneta del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Para la Justicia no fue un asalto casual -como se creía antes del juicio-, sino que se trató de un ataque planeado y direccionado.

Esta versión de los hechos fue introducida por el fiscal Diego Luciani durante el debate oral y público que concluyó el 16 de julio. Su postura desestimó la línea del fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, quien se inclinó por la hipótesis de que Berruet y sus presuntos cómplices cometían robos “aleatorios” y “sin mucha complejidad”.

“No puede ni debe ser examinado como un suceso aislado y circunstancial, sino como la continuación de estos actos detestables que atentan contra la democracia, contra la división de poderes y que tienden ni más ni menos que a amedrentar, desestabilizar y presionar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alegó Luciani.

Los actos detestables a los que se refirió el fiscal general ante el TOF N° 2 son una serie de incidentes que sufrió Rosatti en los últimos dos años. El 29 de marzo de 2023, por ejemplo, el magistrado denunció la existencia de cuatro abonados telefónicos registrados a su nombre sin su consentimiento, algo que también sufrieron otros funcionarios.

A mediados de ese año la misma camioneta de la Corte -una Toyota Hilux SW4- fue objeto de un ilícito anterior, cuando se sustrajo una mochila de su interior tras una distracción al chofer. Unos meses más tarde, en noviembre, atacaron y dañaron la puerta de un departamento que Rosatti tiene en Santa Fe.

En mayo de 2024, la Dirección General de Seguridad del máximo tribunal denunció un intento de hackeo para tomar control de una línea telefónica asignada a Rosatti. Y al mes siguiente se registraron manifestaciones intimidatorias públicas (pintadas, pasacalles, panfletos) dirigidas contra la Corte Suprema, también en Santa Fe, a raíz del fallo que confirmó la condena de Cristina Kirchner y otros imputados en la causa Vialidad.

Para sostener que el intento de robo por el que condenaron a Berruet es uno más de estos episodios, el fiscal Luciani mostró una serie de videos con los que reconstruyó el camino que hizo el ladrón desde el hotel en el que se alojaba hasta el estacionamiento del Palacio de Tribunales, donde ocurrió el ilícito frustrado.

En las imágenes se lo ve a Berruet caminando con “paso firme y decidido, sin titubeos, cambios de dirección o reparos” directamente hacia la Toyota Hilux, según alegó el acusador.

El juez Néstor Costabel coincidió con Luciani en que la reiteración y frecuencia de los incidentes ameritan su consideración por “la gravedad institucional que significan”, mientras que las pruebas que constan en la causa “dan muestra de un franco direccionamiento hacia el magistrado en función del cargo que reviste”, a la vez que resultaría “ingenuo suponer la existencia de un objetivo criminal aleatorio”.

Lo que no se pudo demostrar durante el juicio es si alguien le encargó a Berruet el robo, o cuál habría sido la finalidad última del ataque (si buscaban algo en particular, por ejemplo). Esto, para la Justicia, quedó inconcluso debido a que no se encontró el celular del criminal. Sí secuestraron otros dispositivos cuando allanaron el Hotel Nuevo Camino, ubicado en el barrio de Congreso, pero no arrojaron resultados significantes.

Allí solía alojarse con un grupo de entre ocho y doce personas oriundas de Córdoba, que viajaban semanalmente “para comprar ropa y revenderla”, según dijeron los involucrados. Además de eso, según se determinó en la investigación, también aprovechaban la estadía para cometer hurtos y robos. Ya habían desplegado esa metodología varias veces.

El intento de robo ocurrió el 30 de mayo de 2024, alrededor de las 13.40. La camioneta en la que se mueve Rosatti se encontraba estacionada sobre la calle Uruguay al 500, en un sector asignado específicamente al presidente de la Corte Suprema.

El suboficial auxiliar Cristian Adrián Ferreiros, de la Policía Federal Argentina, observó a Berruet realizando maniobras sospechosas sobre el vehículo. El uniformado se acercó y vio que tenía un elemento punzante, con el que intentaba forzar la cerradura. Al ser advertido, amenazó al policía y se escapó corriendo.

La persecución se extendió por la calle Uruguay y luego por Lavalle. Al llegar al cruce con Paraná las oficiales Fiamma Belén Wagner y Nataly Quimey Hilt, ciclistas de la Policía de la Ciudad, lograron detener a Berruet.

Al momento de su aprehensión, el ladrón dijo llamarse Franco Daniel Molina, aunque rápidamente las autoridades verificaron que estaba mintiendo.

Cuando lo requisaron le encontraron un handy -que solo servía como inhibidor de señal, según los peritajes-, un destornillador y una llave Allen limada.

En su declaración indagatoria, relató que se dedicaba a la construcción, pero había interrumpido su labor debido al consumo de estupefacientes. Mencionó tener problemas con las drogas desde los 15 años (hoy tiene 46) y antecedentes penales. Aunque es oriundo de la Ciudad, estaba viviendo en la provincia de Córdoba.

Sobre el robo, aseguró que salió del hotel “para ver si podía agarrar algo, cualquier cosa” y que no tomó “dimensión” de que estaba en el Palacio de Tribunales. Reconoció que llevaba las herramientas para “ver si podía abrir algún vehículo”, y dijo que se enteró de quién era Rosatti solo después de su detención.

Berruet llegó a este juicio con una decena de causas por delitos contra la propiedad, resistencia a la autoridad y violencia de género, en algunas de las cuales ya había sido condenado.

Para sentenciarlo en este expediente, el juez Costabel tuvo en cuenta como agravantes el “uso de instrumento similar a ganzúa”, que el vehículo estaba en la vía pública y los antecedentes criminales.

También empeoró su situación el “conocimiento previo del carácter particularmente sensible del objetivo”. Para el magistrado, el embate a Rosatti conlleva una “especial gravedad institucional, en tanto revela una conciencia clara del ataque a uno de los pilares fundamentales del sistema republicano”.