En un reciente comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia de la Nación, en manos de Mariano Cúneo Libarona, informó la decisión de prorrogar por tres meses la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, con su sede medular en Comodoro Py. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal estaba prevista para el próximo 11 de agosto, algo que quedó diferido como consecuencia de “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.
“Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”, expresó el texto publicado por la cartera de Justicia.
“Desde el inicio de la implementación -continuó el mensaje oficial-, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional“.
Luego señaló: “Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década”, y agregó: “No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.
Y explicó: “Esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se ha verificado en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata”.
En rigor, el 11 de agosto iba a comenzar a regir el nuevo modelo procesal que le otorga mayores márgenes de maniobra a los fiscales, dejando a los jueces en posición de garantes del debido proceso.
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