La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la posibilidad de revisar la prisión preventiva, con domiciliaria y tobillera electrónica, por la que permanece privado de su libertad el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien es investigado en tres causas penales por corrupción, extorsiones a empresarios y presuntos vínculos con el narcotráfico, en Santa Fe.

La Sala III del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Alberto Mahiques y Juan Carlos Gemignani, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Bailaque, que había apelado los rechazos previos a su pedido de excarcelación.

A fines de junio, el presidente Javier Milei le aceptó la renuncia. Bailaque dio un paso al costado del Juzgado Federal N° 4 de Rosario ante una inminente destitución en el Consejo de la Magistratura, y así se aseguró la posibilidad de mantener su jubilación.

Por un lado, se investiga al ex juez por supuestas extorsiones a hombres de negocios. Junto al financista Fernando Whpei y Carlos Vaudagna, ex titular de AFIP en Rosario, habrían “apretado” a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto, del grupo San Cristóbal.

Desde 2019 y al menos hasta el 22 de noviembre de 2024, en el Juzgado de Bailaque y en las oficinas del ARCA se habrían iniciado, tramitado y direccionado acciones administrativas y judiciales para dañar la reputación de las víctimas y presionarlos para que entreguen dinero, a cambio de evitarles consecuencias legales o impositivas.

Según se desprende de la causa, la metodología era simple: inventar la recepción de una denuncia anónima ante la ex AFIP para que, luego, ésta fuera judicializada rápidamente en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.

Los delitos que le imputan a Bailaque, Whpei y Vaudagna son: extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público, en concurso ideal y en carácter de autores.

La segunda causa también parte del vínculo entre el ex juez y el financista Whpei. Este caso es por irregularidades en el manejo de fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín.

Bailaque habría autorizado el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista. Esto, sospechan los investigadores, fue una “decisión contraria a derecho” que el magistrado tomó mientras ocultaba su relación con Whpei.

En este caso le imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, en concurso ideal.

Por último, las sospechas de haber colaborado con el mundo del narcotráfico. En esta tercera causa, los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (MPF Nacional) le atribuyen a Bailaque haber favorecido los intereses procesales del capo narco Esteban Lindor Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano.

Para esto, el ex titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario habría actuado en connivencia con Gabriel Mizzau, amigo del juez -según él mismo admitió- y contador del clan Alvarado.

La hipótesis fiscal sostiene que Bailaque rechazó solicitudes del Ministerio Público cuando pedía medidas de investigación, cautelares de índole patrimonial, entre otras acciones. Esto impactó directamente en el avance de las causas contra Alvarado.

Estos sucesos encuadrarían en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución y prevaricato, en concurso ideal y en carácter de autor.

“No tengo ni tuve ningún tipo de vínculo de modo directo, ni a través de un tercero, amigo o no, con narcotraficante alguno”, se defendió el ex juez Bailaque, hace algunas semanas, en una carta que presentó ante el Consejo de la Magistratura mientras aguardaba que el Ejecutivo acepte su renuncia. También negó las supuestas extorsiones y su vínculo con Whpei.