La causa Vialidad, que representa el caso de mayor impacto político que tiene en sus manos la Corte Suprema, permanece sin movimientos desde el 16 de abril pasado, cuando se envió el recurso presentado por el fiscal federal Mario Villar a la oficina del Procurador General Interino, Eduardo Casal.

El planteo reclama una pena de 12 años de prisión por asociación ilícita contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados, en vez de la condena a 6 años por el delito de fraude al Estado dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y confirmada por la Sala IV de la Cámara de Casación.

En noviembre pasado, el máximo tribunal penal del país firmó un fallo de más de 1.500 páginas, en el cual los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron por confirmar la condena a 6 años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, mientras que Gustavo Hornos, en minoría, votó, además, por sumar el delito de asociación ilícita. Esa sentencia fue cuestionada por las partes, quienes finalmente acudieron a la Corte a través de recursos de queja.

A más de un mes de su ingreso a la Corte, la totalidad de los recursos de queja en esta causa permanecen en la Secretaría Penal, sin que hayan empezado a circular por los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, para que comiencen a analizar el caso. Además Rosatti, como presidente del Tribunal, puede incluir la causa en el temario de algunos de los próximos acuerdos.

La investigación, que comenzó en 2016, apunta a determinar si la ex presidenta y otros imputados cometieron fraude en el manejo de la obra pública. La causa se encuentra en una etapa definitoria: si la Corte Suprema decide rechazar los recursos de queja, las condenas quedarán firmes, es decir, que se harán de cumplimiento efectivo. Sin embargo la ex presidenta, por tener más de 70 años, puede pedir el beneficio del arresto domiciliario, previsto en la ley.

Pero, además, un rechazo de los recursos por parte de la Corte tendría un impacto directo en las aspiraciones políticas de la ex presidenta, ya que la impediría postularse como candidata a diputada en las elecciones legislativas, cuyo plazo de inscripción vence el 17 de agosto, sumado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que se activaría de inmediato.

Por el contrario, si la Corte no se pronuncia antes de agosto, Cristina Kirchner podría contar con fueros parlamentarios que impedirían un eventual arresto. Por eso, la resolución de este caso impacta de manera directa en el calendario electoral, ya que la posibilidad de que la ex presidenta se postule como candidata a diputada provincial o nacional dependerá de los tiempos judiciales.

El 31 de marzo pasado, el fiscal ante la Cámara de Casación, Villar, le pidió a la Corte ampliar la condena contra la ex presidenta y otros condenados a la pena de 12 años de prisión porque entendió que también estaba probado que existió una asociación ilícita, sumado al delito de administración fraudulenta.

Además, Villar cuestionó ante la Corte la sentencia de Casación que absolvió a José López, Julio De Vido, Nelson Pierotti y Lázaro Báez por el delito de asociación ilícita. Y también cuestionó la absolución de De Vido, Fatala y Garro por el delito de administración fraudulenta agravada.

En su escrito de 10 páginas, Vilar mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral. Allí, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por ambos delitos, asociación ilícita y administración fraudulenta.

Actualmente, la Corte tiene pendiente de resolver 17 recursos de queja, dentro de los cuales se encuentran aquellos que cuestionan las condenas definitivas.

Entre estos últimos se están los recursos de José Francisco López, Raúl Pavesi, Nelson Pierotti, Juan Carlos Villafañe, Lázaro Báez, Mauricio Collareda, José Raúl Santibañez, Raúl Osvaldo Daruich, y Cristina Fernández de Kirchner. Todos estos recursos de apelación fueron rechazados por la Cámara de Casación y por eso se presentaron en queja ante la Corte.

Si bien respecto de los restantes recursos la Corte no tiene la obligación legal de remitirlos a la Procuración (sólo debe remitir el recurso de Villar) la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal prevé la intervención de la Procuración en casos donde exista una controversia sobre la interpretación de la Constitución o tratados internacionales, o en casos de gravedad institucional o importancia de las normas legales.

Además, para sumar complejidad al caso, desde algunos sectores de la Corte consideran que, por una cuestión de seguridad jurídica y congruencia, sería conveniente que la Corte envíe todos los recursos a la Procuración, ya que se trata del cuestionamiento de diversas partes respecto de una misma sentencia. Para remitir los recursos, se necesitan 2 firmas de los jueces de la Corte, lo que es una medida de uso habitual que no está prevista en la normativa del tribunal.

Hasta el momento, la Corte Suprema ya ha resuelto 24 recursos de queja presentados por los distintos imputados a lo largo de todo el proceso. Los primeros fueron resueltos en septiembre de 2017, con la firma de los cinco jueces de la Corte de ese entonces: Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.

La causa Vialidad cuenta con lo que se llama el “doble conforme”, es decir, una condena del tribunal oral confirmada por la Cámara de Casación. Habitualmente, la Corte rechaza estos planteos sin entrar a analizar el caso, con lo que la condena queda firme. De esta forma, por ejemplo, resolvió el caso Ciccone, donde resultó condenado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Sin embargo, en la causa Vialidad, está claro que el impacto de la decisión trasciende la arena estrictamente judicial y corre el riesgo de adentrarse en los caminos zigzagueantes de la política.