El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia que revoque el sobreseimiento del dirigente sindical Juan Manuel “Pata” Medina y otros acusados y se haga el juicio oral por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Lo hizo al presentar un dictamen ante el máximo tribunal.
Medina, su hijo Cristián Isidoro Jesús Medina, y otras ocho personas habían sido enviadas a juicio oral por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión de parte de la sección de la UOCRA de La Plata a empresarios de la construcción.
El Tribunal Oral Federal 2 de La Plata había sobreseído a todos y declarado la nulidad de la causa por lo que fue la llamada “Gestapo antisindical” durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Se trató de una reunión en la sede porteña del Banco Provincia entre funcionarios, empresarios y agentes de inteligencia que quedó grabada.
“Créeme que si yo pudiera tener —y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte—, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría” , decía ahí Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo bonaerense, en esa reunión en la que les pidió a los empresarios de la construcción de La Plata que presenten notas contra Medina para que después sean judicializadas. También les dijo a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina.
De la reunión participaron Villegas, el ex intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski. Todos ellos fueron citados a indagatoria acusados de integrar una asociación ilícita. Algunos fueron procesados, lo que luego revocó la Cámara Federal de Comodoro Py y les dictó la falta de mérito, por lo que el expediente sigue abierto.
De esa reunión se pudo determinar que hubo llamados con el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien detuvo y procesó a Medida. Con esa prueba, la justicia entendió que la investigación contra el sindicalista estaba viciada y era nula. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Pero la Fiscalía apeló y llegó a la Corte Suprema de Justicia.
Allí, el procurador Casal entendió que el cierre de la causa contra Medina es prematura porque el complot de la reunión en el Banco Provincia todavía no fue determinado porque el expediente penal sigue abierto. “Ello, a mi entender, sustenta el agravio del recurrente según el cual el sobreseimiento de los imputados en este caso, basado en la declaración de nulidad de todo lo actuado a raíz de aquel supuesto vicio en la actuación del magistrado de instrucción, resulta prematuro e infundado”, señaló Casal en su dictamen al que accedió Infobae y que fue presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Tampoco considero que sea posible sostener, fundadamente, que el juez que intervino inicialmente perdió su imparcialidad, al tener en cuenta su actuación en el caso. Como lo ha afirmado el recurrente, y surge también del reseñado pronunciamiento de la Cámara Federal de apelaciones, nadie ha señalado aún – ni lo advierto– cuál o cuáles de las decisiones adoptadas durante la instrucción resultarían contrarias a derecho, o totalmente privadas de fundamento, como para revelar la falta de imparcialidad del magistrado", concluyó el procurador.
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