Los diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Marcela Campganoli, denunciaron hoy a Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco” y propietario de la Tabacalera Sarandí, por los delitos de cohecho, facturación apócrifa y subfacturación, apropiación indebida de tributos, asociación ilícita y de lavado de activos. La denuncia quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo.

También fueron denunciados el ex titular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto -actual diputado nacional- y otras cuatro personas, entre ellos Daniel Reposo, ex subdirector General de Fiscalización de la AFIP y que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue titular de la SIGEN y candidato a procurador general de la Nación.

“Que en virtud de noticias periodísticas y otros trascendidos, hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con posibles hechos de cohecho (pago y recepción de dadivas) entregados por parte de Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. a autoridades y personal de la AFIP con el fin de que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero, adeudada en concepto de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dichos hechos habrían tenido lugar desde el año 2018 a la fecha”, sostiene la denuncia que presentaron los diputados nacionales y a la que accedió Infobae.

“El pago de estas coimas se habría hecho visible a raíz de la discusión de la Ley de Bases propuesta por la actual gestión”, agregaron los legisladores.

La denuncia llega luego de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocaron las medidas cautelares a favor de la tabacalera para que no tribute impuestos por el tabaco.

Los denunciantes señalaron que desde 2018 Otero no paga impuestos al tabaco por medidas cautelares de la justicia que calificaron que fueron “logradas de forma cuestionable”, lo que permitió a su empresa no pagar cerca de 100.000 millones de pesos como tributo en una competencia desleal con otras compañías del sector. Y agregaron que fueron desplazados de la AFIP tres agentes que se encargaban del control de la empresa.

“Personal de AFIP detectó la posible participación de Tabacalera Sarandí en el uso de facturas apócrifas, y que, lejos de continuarse el camino habitual y efectuarse la denuncia penal, se apartó a los agentes que tomaron intervención en ella”, sostuvieron y agregaron que Castagneto “por omisión de los deberes a su cargo o por haber sido parte activa del esquema delictual, podrían tener directa responsabilidad penal con los múltiples delitos presuntamente cometidos e investigados por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A”.

La denuncia se basa en artículos periodísticos que se publicaron sobre el tema y los diputados señalaron que uno de ellos habla sobre el pago de cuatro millones de dólares a “diputados nacionales, miembros de AFIP, Gendarmería y la Policía Federal, con el fin de procurar que se retire de la Ley que se encontraba siendo tratada en el Honorable Congreso de la Nación, el articulado referente a los impuestos y tributos sobre la tabacalera”. La denuncia sostiene que lo mismo denunció penalmente la Cámara Nacional del Tabaco.

La referencia es a la ley Bases que impulsó el gobierno de Javier Milei. La ley bases ponía en igualdad de tributación a todas las compañías del sector pero un grupo de diputados se oponía. “Las dadivas se habrían entregado directamente a funcionarios de las más altas esferas de la AFIP, ambos contarían con excelente vínculo con su ex superior, Carlos Castagneto”, dice la denuncia.