Mientras se espera una convocatoria del gobierno de La Libertad Avanza para tratar en la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley Ómnibus, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, reiteró su oposición a los cambios planteados por el Poder Ejecutivo en torno a los divorcios administrativos y las sucesiones notariales. A su vez abogó por un mayor debate parlamentario en tanto “la intervención del Congreso es indispensable para procurar la seguridad jurídica que requiere toda democracia constitucional”.

En una carta enviada este miércoles a cada uno de los titulares de las bancadas legislativas, el ex diputado radical volvió a plantear el reclamo del sector de los abogados ante el tratamiento de la propuesta denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” llevado a cabo en el plenario de Comisiones de la Cámara Baja, que este miércoles a la madrugada concluyó con un dictamen de mayoría -con disidencias- favorable al oficialismo.

En ese marco, señaló: “El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo posee dimensiones tales que impiden su consideración racional en un lapso breve”. También consideró que “el corto debate y la opinión de asociaciones e interesados” había hecho notar “inconsistencias y errores, algunos corregidos en el dictamen aprobado en el plenario de Comisiones”. Y sugirió: “Sería deseable que el debate en el recinto se concentre en aquellos aspectos indispensables y urgentes del proyecto, postergando para las sesiones ordinarias aquellos asuntos que requieren mayor debate parlamentario”.

Dos de las propuestas elaboradas por el megaproyecto enviado por Javier Milei al Congreso apuntan a introducir cambios en las sucesiones y en la disolución del matrimonio. Según el Anexo IV y el artículo 352 del proyecto de ley, respectivamente, los trámites sucesorios pasarían de la órbita judicial a la notarial, mientras que los matrimonios que decidan de común acuerdo disolver el vínculo sólo deberán comunicarlo a las autoridades administrativas del Registro Civil, en un trámite que no requerirá la intervención de abogados ni jueces.

Al respecto, el titular de la entidad de abogados porteña señaló en la misiva que “la inclusión de los divorcios administrativos resulta asistemática y pone en riesgo los derechos de la parte más vulnerable de la relación. El legislador ha establecido que el divorcio comprende, de manera inescindible, no sólo la ruptura del vínculo, sino también otras cuestiones ineludibles (patrimoniales, régimen de los hijos, compensaciones etc etc.), por eso no puede iniciarse demanda de divorcio sin una propuesta integral que comprenda todos esos aspectos (art. 438 del CCCN)”.

Luego precisó: “El proyecto desconoce este principio de integralidad, incorpora una ruptura administrativa sólo del vínculo, pero mantiene todo el otro sistema, sin integrarlo debidamente. Seguramente, como la discusión de todas las consecuencias se da indefectiblemente, se abre una puerta para la existencia de abuso en perjuicio de la parte más débil”.

Por su parte, al analizar la cuestión de las sucesiones notariales, el ex camarista dijo: “No se advierte la ventaja ni la economía en sortear la intervención judicial. Sin beneficio apreciable se otorgan a los escribanos las mismas facultades que tienen los jueces, una nueva regulación que no acarreará para los interesados ninguna economía ni mejora en los tiempos del trámite”.

Para finalizar la carta dirigida a los legisladores, Gil Lavedra manifestó que “la intervención del Congreso es indispensable para procurar la seguridad jurídica que requiere toda democracia constitucional”. Y concluyó: “La protección de los derechos y de la libertad requiere que la ley sea fruto del debate plural de los representantes del pueblo, para otorgar la legitimidad y estabilidad necesaria a toda política estatal”.

El pasado 28 de diciembre, el presidente del CPACF había firmado un comunicado que llevó el título de “Abrazar las ideas de la Constitución”. En ese documento dejó en claro el rechazo enérgico de la institución respecto de las modificaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre sucesiones y divorcio.