En un informe semestral publicado este lunes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se relevó durante el primer semestre del año un aumento del 21% de la participación de menores de edad en hechos delictivos con respecto al mismo periodo del año anterior. En ese mismo relevamiento también se constataron 60 medidas privativas de la libertad y se evidenció que un 84% de todos los delitos juveniles registrados fueron contra la propiedad privada. Los datos se desprenden de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), que recabó las estadísticas de la Justicia Nacional de Menores entre el 1° de enero y el 30 de junio de este año.
En la Justicia Nacional de Menores se registró un incremento del 21% de la incidencia de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en delitos penales respecto al mismo periodo del 2022. En números implicó la apertura de 1109 causas penales -19,5% más que el año pasado-, lo que conllevó que 986 menores de edad tuvieran un expediente iniciado durante el primer semestre.
Las estadísticas surgen del documento “Niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores”, preparado y preparado por la BGD de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lleva el registro de la cantidad de menores con causas penales tramitadas y el número de medidas de privación de la libertad dictadas entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023 en la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese marco, de los 986 menores involucrados en causas penales durante el primer semestre, 913 fueron varones y 73 mujeres, lo que da un 92,6% y 7,4% respectivamente. Mientras que el 84% de esos expedientes abiertos fueron por delitos contra la propiedad y el 16% por otro tipo de delito. A su vez, nueve de cada diez niños, niñas y adolescentes con causas penales iniciadas en el primer semestre de 2023 son de nacionalidad argentina -94,8%-.
Por su parte, el informe señaló que durante el primer semestre 822 menores con causas judiciales en la Justicia Nacional de Menores fueron aprehendidos por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional en CABA e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti” (CAD), dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad.
“De ese total, 30 NNyA fueron derivados a una institución o centro de régimen abierto o semi restringido. Asimismo, 60 jóvenes tuvieron al menos una medida de privación de libertad. Se contabilizan allí medidas en centros socioeducativos de régimen cerrado, hospitales y otros centros cerrados. Ello representa el 6% del total de NNyA con causas judiciales y el 7% de aquellos que ingresaron en el CAD”, destacó la publicación del mes de septiembre.
Otro dato que surgió del documento de la BGD es la edad promedio de los menores participantes de los distintos delitos ocurridos en la ciudad, donde el 56% de los casos contaba con entre 16 y 17 años. El 58% de los involucrados contaba con residencia en la provincia de Buenos Aires, mientras que el 41% tenía su domicilio en Capital Federal.
La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes fue creada en el año 2004 mediante la resolución CSJN 1674/04. La dependencia está en manos de la vicepresidencia del Máximo Tribunal, a cargo actualmente del ministro Carlos Rosenkrantz. Su titular es la prosecretaria letrada Claudia Romano Duffau, responsable de coordinar el funcionamiento del sistema informático BGD, que permite a los jueces de diferentes jurisdicciones registrar, compartir y conocer de manera inmediata la información sobre los menores involucrados en causas judiciales.
Como centro de un sistema de registro de datos orientado a recabar información sobre el universo de menores de 18 años que atraviesan por alguna de las instancias judiciales del régimen penal, la BGD se encarga, entre otros asuntos, de elaborar de forma periódica distintos informes estadísticos sobre diferentes indicadores que dan cuenta de la problemática juvenil.
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