La Casa Blanca implementó nuevas restricciones para el programa de visas H-1B en Estados Unidos tras la firma de una proclama presidencial el 19 de septiembre de 2025. Las restricciones afectan a empresas, instituciones y trabajadores extranjeros que solicitan ingresar al mercado laboral estadounidense mediante este visado. Los cambios incluyen requisitos de elegibilidad más estrictos y un pago adicional de 100.000 dólares para todas las nuevas solicitudes, con impactos directos en sectores como tecnología, salud y educación, según reportó AP News.

La decisión formal se detalló en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de una actualización normativa. Esta reforma redefine “ocupación especializada”, revisa exenciones históricas, refuerza la vigilancia a empleadores y modifica los costos para la solicitud. El nuevo marco es resultado de un proceso de consulta pública que llevó a la administración federal a justificar la medida como acción de protección al mercado laboral nacional, comunicó el gobierno en su portal.

El programa H-1B, regulado desde la Ley de Inmigración de 1990, permite la admisión anual de hasta 65.000 trabajadores extranjeros en áreas técnicas, con una cuota adicional de 20.000 para graduados avanzados de universidades estadounidenses. El mecanismo es objeto de debate por su relevancia para el sector productivo y las denuncias de abuso y saturación, de acuerdo con informes de Reuters.

El principal cambio es la exigencia de un pago adicional de 100.000 dólares para cada nueva petición de visa H-1B presentada a partir del 21 de septiembre de 2025. Según la proclama y las guías del DHS, este coste busca limitar el abuso del sistema y priorizar la contratación de trabajadores extranjeros altamente calificados. El pago extra no se aplica a renovaciones ni a titulares vigentes, y el Secretario de Seguridad Nacional solo puede conceder exenciones en casos de interés nacional, según whitehouse.gov y AP News.

La actualización también endurece la definición de “ocupación especializada”, exigiendo que el puesto ofrecido demande un título académico específico directamente vinculado a las tareas a desempeñar. Anteriormente, la relación entre título y actividad laboral permitía criterios más amplios, lo que facilitaba la estrategia de contratación de empleadores en campos interdisciplinarios.

La nueva tarifa afecta principalmente a grandes tecnológicas, universidades, hospitales y empresas que emplean talento internacional para puestos que no logran cubrir localmente. El pago obligatorio se exige para todas las nuevas solicitudes H-1B a partir del 21 de septiembre de 2025, informaron la Casa Blanca y agencias como AP News.

El sector tecnológico, que incluye empresas como Google, Microsoft y Amazon, suele patrocinar miles de solicitudes H-1B al año para ingenieros y especialistas en sistemas. La normativa también impactará a centros de salud y universidades, que alertaron sobre posibles consecuencias para la atención médica y la investigación, de acuerdo con un comunicado de la American Medical Association (AMA). Según cifras institucionales, el 64% de los médicos extranjeros practican en comunidades médicamente desatendidas, mientras que casi la mitad labora en zonas rurales.

La norma federal redefine el concepto de “specialty occupation” (ocupación especializada), limitando la elegibilidad a empleos que requieren títulos académicos concretos relacionados directamente con el puesto. El DHS también restringe las exenciones al tope anual, una condición que anteriormente beneficiaba a hospitales, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. Estos cambios afectan la capacidad de reclutamiento de personal por parte de sectores que históricamente dependían del visado para cubrir vacantes críticas, según el Federal Register.

El control sobre compañías que tercearizan personal o emplean a extranjeros en empresas asociadas se amplió. Ahora, la USCIS podrá denegar o revocar peticiones si detecta incumplimiento de condiciones laborales.

La administración justificó la reforma como respuesta a preocupaciones de abuso del programa, presión a la baja en salarios y desplazamiento de trabajadores nacionales. El DHS argumenta que el nuevo coste y la actualización de criterios buscan proteger a la fuerza laboral estadounidense y priorizar la admisión de extranjeros con habilidad comprobada. “Estas medidas están diseñadas para garantizar que el programa beneficie a la economía y no sea una vía para abaratar costos laborales”, señalaron autoridades en whitehouse.gov.

Organizaciones laborales como la AFL-CIO han sostenido que algunas empresas utilizan la H-1B para reducir salarios, mientras que asociaciones empresariales han manifestado preocupación por el impacto en la competitividad y la innovación.

La American Medical Association (AMA) solicitó formalmente la exención del pago adicional para médicos y profesionales de la salud, advirtiendo sobre el riesgo de mayor escasez en áreas rurales y desatendidas. “La nueva tarifa podría dificultar la incorporación de profesionales de la salud en regiones críticas”, comunicó la AMA en su carta institucional. Hospitales, universidades y asociaciones académicas replicaron inquietudes similares, advirtiendo dificultades para mantener programas de investigación y docencia internacional.

Por su parte, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) objetó la medida, y distintos grupos laborales, médicos y religiosos han presentado demandas judiciales en cortes federales cuestionando la legalidad de la tarifa y el proceso ejecutivo, lo que podría llevar el cambio a revisión judicial en próximos meses, según declaraciones difundidas por AP News.

La implementación avanza en el marco del proceso normativo abierto por el DHS. Más de 1300 comentarios fueron enviados al Registro Federal durante el periodo de consulta pública, según datos estadísticos del propio organismo. Las reglas finales podrían variar según evolucione la litigación y los resultados de los recursos judiciales en marcha.

Mientras tanto, empleadores que dependen de la visa H-1B deberán considerar el incremento de costes y los nuevos requisitos, lo que podría modificar estrategias de reclutamiento internacional o buscar alternativas migratorias frente a la realidad regulatoria.