El sector educativo de Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío tras el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de imponer un cargo de 100.000 dólares para la solicitud de nuevas visas H-1B, una medida que, de acuerdo con el New York Times, podría impactar la capacidad de escuelas y universidades para contratar talento internacional especializado.

Según reportó el New York Times, las universidades y colegios estadounidenses dependen del programa de visas H-1B para contratar profesionales extranjeros en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, matemáticas y medicina.

El aumento en el costo de estas solicitudes preocupa a líderes del sector, quienes anticipan restricciones para atraer e incorporar expertos internacionales. Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Americana de Colegios y Universidades, explicó al diario neoyorquino que “muchas escuelas dependen de las visas para cubrir vacantes en campos STEM y en medicina” y advirtió que el nuevo arancel “limitaría el flujo de médicos extranjeros”.

Diversos rectores y superintendentes afirmaron que el aumento en el costo obstaculizará la contratación de educadores calificados. Jeffrey P. Gold, presidente del sistema universitario de Nebraska, indicó al New York Times que la institución actualmente emplea a unas 500 personas con visas H-1B, la mayoría en tecnología y agricultura de precisión.

“Si absorbemos este costo, reduciremos la cantidad de contrataciones”, sostuvo Gold, quien destacó la dificultad de encontrar profesionales nacionales para ciertas áreas. Añadió que, de no cubrirse algunos puestos de salud, “el resultado serían tiempos de espera más prolongados y demoras en la atención”.

La Washington University en St. Louis se suma a la lista de instituciones afectadas. Su rector, Andrew Martin, reveló al Washington Post que la universidad auspicia alrededor de 285 nuevas visas H-1B cada año. “Una tarifa de 100.000 dólares por cada visa implicará repensar cuidadosamente nuestras prácticas de contratación”, comentó Martin, al subrayar la escasez de anestesiólogos en el mercado laboral estadounidense.

La presidenta de Union College en Nueva York, Elizabeth Kiss, afirmó que su institución, que emplea a 16 profesores bajo este régimen migratorio, dejará de utilizar el programa. “No estamos en condiciones de asumir esa cifra”, declaró Kiss, quien detalló que el monto solicitado representa un incremento de diez veces comparado con años previos.

Tara Thomas, gerente de relaciones gubernamentales de la Asociación de Superintendentes Escolares (AASA), advirtió que la nueva política “eliminará prácticamente esta alternativa para los distritos”, sobre todo en un escenario de déficit de personal docente. De acuerdo con Thomas, varios distritos han dependido de visados H-1B para ocupar vacantes en áreas críticas.

Por su parte, Wendy Birhanzel, superintendente del Distrito Escolar Harrison 2 en Colorado Springs, explicó al New York Times que la entidad cuenta con siete docentes bajo visa H-1B, principalmente extranjeros provenientes de Filipinas, México e India. “Siempre buscamos personal nacional, pero es difícil encontrar candidatos calificados en matemáticas, ciencias o educación especial”, señaló Birhanzel. Añadió que “los empleados extranjeros reciben el mismo salario que los estadounidenses”.

Según Birhanzel, el arancel solicitado equivale a un aumento de más de 90.000 dólares respecto a los pagos habituales por visa. La funcionaria anticipó que, ante la imposibilidad de pagar los nuevos montos, los estudiantes recibirían clases de parte de suplentes sin experiencia específica, lo que podría afectar el aprendizaje. “Podríamos tener a alguien con un título en música enseñando cálculo”, ejemplificó. La superintendente planteó la necesidad de que el Gobierno de Estados Unidos prevea “excepciones” para los distritos escolares.

Algunos dirigentes universitarios insisten en la necesidad de considerar la excelencia profesional por encima de la nacionalidad. Leon Botstein, presidente de Bard College, subrayó al New York Times que “la política nos obligaría a replantear la captación de los mejores si provienen del extranjero”. Y sentenció: “No es un acto patriótico. Daña la economía y nada tiene que ver con la excelencia”.

Varios analistas consultados por el New York Times valoraron de manera distinta la decisión. Elizabeth Jacobs, directora del Center for Immigration Studies, consideró que la medida promueve la “legitimidad” de la necesidad cuando se solicita una visa, aunque aclaró que “sería útil conocer más detalles sobre su implementación”.

En paralelo, expertos legales resaltaron que la falta de información sobre los criterios de exención genera incertidumbre. Sophie Alcorn, abogada de inmigración en Silicon Valley, confirmó que “diversas universidades han pausado sus solicitudes H-1B por dudas sobre los procedimientos” y mencionó la caída en los presupuestos derivados de la reducción de becas e inscripción de alumnos foráneos.

El programa de visa H-1B permite a empresas y organizaciones estadounidenses emplear a trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren altas calificaciones. De acuerdo con la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el sector profesional, científico y técnico concentra casi la mitad de estas visas. La educación, aunque con una cuota menor, representa cerca del 7 % de las aprobaciones anuales.

La Casa Blanca afirmó que la tasa de 100.000 dólares aplicará tanto a solicitudes sujetas al cupo anual de 85.000 visas como a las que están exentas, si se tramitan después del 21 de septiembre.