Estados Unidos entró en la madrugada de este miércoles en un cierre gubernamental luego de que demócratas y republicanos no alcanzaran un acuerdo sobre el proyecto de gastos antes del plazo límite.

La falta de financiamiento deja a gran parte de la administración sin operaciones y obliga a cientos de miles de empleados federales a abandonar sus puestos.

El director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, adelantó que la administración buscará “oportunidades para reducir el tamaño del gobierno federal” mientras dure la parálisis. Trump, por su parte, ha amenazado con avanzar incluso hacia despidos definitivos si el cierre se prolonga, aunque la Casa Blanca no especificó hasta ahora qué áreas podrían ser afectadas.

El cierre se produce cada vez que el Congreso y la presidencia no logran promulgar un presupuesto antes de que expire el financiamiento vigente, pautado para el 1 de octubre. Es habitual que el Congreso utilice leyes provisorias de financiación —conocidas como “stopgap bills”— para ganar tiempo, pero esta vez la polarización política impidió un acuerdo de último momento. Como resultado, la mayor parte de las agencias federales carecen de fondos para operar hasta nuevo aviso.

Más de 750.000 empleados federales enfrentan consecuencias directas: quienes cumplen funciones consideradas “no esenciales” serán suspendidos sin goce de sueldo, mientras que quienes realizan tareas críticas para la protección o la seguridad —incluidos controladores aéreos, agentes de seguridad fronteriza y personal militar— deberán continuar en sus puestos, aunque sin recibir un salario hasta la reapertura.

La Administración del Seguro Social continuará pagando beneficios, aunque suspenderá cerca del 12% de su personal y pone en pausa tareas administrativas y campañas de información. Medicare y Medicaid seguirán emitiendo pagos, pero experimentarán retrasos en la gestión de trámites no urgentes.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el programa de apoyo para mujeres, bebés y niños (WIC) continúan en funcionamiento de acuerdo con la disponibilidad de fondos, aunque podrían enfrentar restricciones si el cierre persiste.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) sigue entregando correo normalmente, ya que se financia de manera independiente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene sus operaciones solo en actividades críticas durante los primeros cinco días. La agencia no confirmó qué áreas podrían verse más afectadas si la paralización se extiende, y aclaró que este año cuenta con menos personal tras la última ronda de recortes.

Más de 13.000 controladores de tráfico aéreo permanecerán en sus puestos para garantizar la seguridad, al igual que los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), pero todos ellos deberán trabajar sin recibir salario mientras dure el cese de operaciones gubernamentales.

El poder judicial federal anticipa que podría quedarse sin fondos en cuestión de días, lo que podría interrumpir juicios y audiencias. Los 2 millones de integrantes de las fuerzas armadas seguirán cumpliendo tareas, pero sin cobrar hasta nuevo aviso. Además, la Guardia Nacional y cuerpos desplegados por motivos de seguridad nacional siguen activos.

Agentes del FBI, DEA, Guardia Costera y todas las agencias federales de seguridad mantienen sus funciones. El personal de inmigración y aduanas continúa operando tras ser considerada su labor “esencial”, aunque bajo protesta por la falta de paga.

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) suspendió la aprobación de nuevos préstamos y redujo su personal operativo. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) cuenta con 2.300 millones de dólares disponibles en su fondo especial, aunque debió suspender parte de su plantilla.

El cierre implica que la publicación de estadísticas clave, como el informe mensual de empleo o los datos de crecimiento económico, quedará suspendida hasta el restablecimiento de la financiación pública. Algunos servicios técnicos y agencias reguladoras permanecerán paralizados, salvo excepciones consideradas de urgencia nacional.

Hasta que el Congreso y la Casa Blanca alcancen un acuerdo para restablecer la financiación, los efectos del cierre se extenderán en cascada a trabajadores federales, beneficiarios de servicios públicos y sectores económicos que dependen de la operatividad del Estado estadounidense.

(Con información de Reuters)