Estados Unidos deportó a Cuba a la ex jueza Melody González Pedraza, señalada de haber dictado condenas contra manifestantes antigubernamentales y opositores en la isla, informó a EFE el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Un portavoz de esa agencia federal confirmó que González Pedraza fue enviada de regreso a Cuba el pasado jueves en un vuelo de deportación que partió de Alexandria, Luisiana.

“González Pedraza fue declarada inadmisible debido a su afiliación al Partido Comunista de Cuba mientras ejercía como jueza”, agregó el portavoz.

El caso hace parte de los esfuerzos del exilio cubano en Miami, que ha denunciado a ex funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos que buscan refugio en territorio estadounidense.

La ex jueza había llegado a Tampa, en la costa oeste de Florida, en 2024 bajo el ‘parole’ humanitario, un alivio migratorio, según el diario Miami Herald.

Sin embargo, se le negó la entrada en el aeropuerto debido a su papel como jueza en la provincia cubana de Villa Clara, donde dictó sentencias contra opositores políticos.

En ese momento solicitó asilo, pero un juez de inmigración rechazó su petición en mayo, dictando una orden final de deportación el 30 de ese mes, detalló ICE.

Durante todo el proceso, González Pedraza permaneció bajo custodia de ICE.

Prisoners Defenders señaló en su último informe, presentado en septiembre, que contabilizó 1.185 presos políticos en la isla.

Las cifras de personas encarceladas por motivaciones políticas en Cuba muestran un alarmante crecimiento. “A pesar del número altísimo de presos políticos, las liberaciones por cumplimiento no llegan al altísimo número de nuevos presos políticos y de conciencia cada mes”, dijo Javier Larrondo, presidente de la ONG.

El activista agregó que, desde hace dos años, la mayoría de los detenidos en la isla “son casi todos simples ciudadanos. Ni políticos ni activistas. Ciudadanos corrientes que protestan”, describió.

En agosto, Prisoners Defenders publicó un informe en el que se destaca que la represión política sigue en aumento. La organización identificó la incorporación de 13 nuevos casos ese mes. En palabras del presidente de la ONG, “desde julio de 2021, ya son 1.735 los nuevos ciudadanos inocentes ingresados en prisión. Simples vecinos pacíficos que no tienen ni el derecho a la queja por la desastrosa gestión del país”.

El documento detalla que las detenciones superan ampliamente al número de liberaciones, consolidando una tendencia donde el flujo de nuevos presos nunca se compensa con excarcelaciones. 33 de los prisioneros políticos registrados en agosto son menores, de los cuales 30 cumplen sentencia y tres transitan procesos penales sin tutela judicial. Además, “122 mujeres aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia”, destacó Larrondo en diálogo con este medio.

La lista de Prisoners Defenders dio cuenta de solo cuatro personas que salieron del registro de presos políticos: tres completaron sus sentencias y una, Aymara Nieto Muñoz, fue excarcelada tras aceptar el destierro forzoso. Larrondo explicó que la activista fue “trasladada directamente desde una prisión de trabajos forzados a las afueras de La Habana hasta el aeropuerto, sin permitirle comunicarse con sus allegados y expatriada a la República Dominicana”. Nieto Muñoz tuvo que dejar en la isla a su hija mayor; las autoridades le impidieron la última visita penitenciaria y no pudieron despedirse.

De acuerdo con la ONG, la represión en Cuba no distingue entre ciudadanos comunes, manifestantes o activistas. El informe precisa que “la causa más habitualmente elegida por las autoridades cubanas para privar de la libertad a miles de personas cada año” es el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente.

(Con información de EFE)