Jamee Comans, jueza de Luisiana y miembro del Colegio de Abogados de Misisipi, Estados Unidos, ordenó la deportación a Siria o Argelia del activista propalestino Mahmoud Khalil, detenido a comienzos de marzo y liberado meses después.

La liberación del activista se dio en el plenas manifestaciones opositoras a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. La magistrada de inmigración basó su decisión en la omisión de información relevante por parte de Khalil en su solicitud de residencia permanente.

Según el tribunal, el activista “tergiversó deliberadamente hechos sustanciales con el único propósito de eludir el proceso de inmigración y reducir la probabilidad de que sus solicitudes fueran denegadas”, señala el escrito presentado ante el tribunal federal.

La magistrada rechazó la exención de deportación para Khalil, quien reside en el país con esposa e hijos estadounidenses. El fallo fue emitido pese a una orden judicial separada en Nueva Jersey, que bloqueó la expulsión tras determinar la falta de audiencia sobre las pruebas.

“No me sorprende que la Administración de Donald Trump siga tomando represalias contra mí por ejercer mi libertad de expresión. Su último intento, a través de un tribunal de inmigración irregular, expone una vez más su verdadera naturaleza”, expresó el activista.

“Estas tácticas fascistas nunca me disuadirán de seguir abogando por la liberación de mi pueblo”, agregó.

Khalil permaneció más de tres meses privado de su libertad en un centro de detención en Luisiana, acusado de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (el grupo terrorista Hamás) durante varias protestas vinculadas a la ofensiva del Ejército israelí en Gaza y manifestaciones en universidades de Estados Unidos.

Mahmoud Khalil fue arrestado el 8 de marzo en Manhattan por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Ejecutivo federal argumentó que representaba una amenaza para la política exterior del país, invocando una ley poco aplicada que faculta al secretario de Estado a solicitar la deportación de individuos considerados nocivos para los intereses estadounidenses.

La decisión judicial de su liberación, anunciada el viernes 20 de junio en Nueva Jersey, se emitió en un contexto de endurecimiento de las medidas migratorias aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra estudiantes extranjeros vinculados a protestas sobre el conflicto en Gaza. El juez Michael E. Farbiarz dictó la orden y determinó que la base legal empleada para justificar la detención de Khalil no cumplía con estándares constitucionales.

A principios de julio, el graduado por la Universidad de Columbia demandó a la Administración del líder republicano por 20 millones de dólares, argumentando “arresto inconstitucional e ilegal”, aunque declaró que aceptaría una disculpa oficial antes que una compensación económica.

Khalil cursó recientemente un posgrado de relaciones internacionales en la institución educativa y durante las protestas estudiantiles contra la ofensiva israelí en Gaza, actuó como vocero del movimiento.

En un mensaje compartido en X, el secretario de Estado Marco Rubio recordó que el Gobierno “revocará las visas y/o tarjetas de residencia permanente de los simpatizantes de Hamas en Estados Unidos para que puedan ser deportados”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 10 de enero la orden ejecutiva orientada a combatir el antisemitismo en campus universitarios y advirtió sobre la deportación de estudiantes extranjeros involucrados en las protestas propalestinas, a quienes vinculó con el grupo terrorista Hamas y el yihadismo.

“A todos los extranjeros residentes que se unieron a las protestas yihadistas, les advertimos: en 2025, los encontraremos y los deportaremos”, expresa el documento oficial divulgado por la Casa Blanca.

Trump se comprometió a “revocar rápidamente los visados de estudiante de todos los simpatizantes de Hamás en los campus universitarios”, calificando esas instituciones como “infestadas de radicalismo como nunca antes”.

(Con información de Europa Press)