Byron Black, de 69 años, espera la ejecución por inyección letal este martes 5 de agosto en la Riverbend Maximum Security Institution de Nashville, Tennessee, según información de NBC News. Su caso atrajo una amplia atención a raíz de los intentos de sus abogados por suspender la ejecución argumentando riesgos de sufrimiento derivados de un desfibrilador cardiaco implantado. Tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como el gobernador de Tennessee, Bill Lee, declinaron intervenir para evitar la ejecución, ignorando las apelaciones basadas en derechos constitucionales y preocupaciones éticas.
Los equipos legales de Black presentaron recursos ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener la ejecución con base en dos alegatos principales: la supuesta incompetencia mental de Black y los posibles efectos dolorosos del procedimiento debido a su desfibrilador implantable. Sostuvieron que permitir la muerte por inyección letal sin desactivar primero el dispositivo cardiaco podía equivaler a castigo cruel e inusual, lo que viola la Constitución de Estados Unidos. El tribunal rechazó ambas peticiones el lunes, despejando el camino para que se avance con la ejecución.
El gobernador Bill Lee confirmó que no ejercería clemencia. En un comunicado citado por NBC News, explicó: “Los tribunales han determinado que es legal ejecutar la condena impuesta por el jurado a Byron Black por los asesinatos de Angela Clay y sus hijas Lakeisha y Latoya; por tanto, no planeo intervenir”. La decisión consolidó la postura oficial del estado de Tennessee a favor de ejecutar la sentencia.
Debate sobre el desfibrilador implantado y dudas sobre el sufrimiento durante la ejecución
La defensa de Black también planteó la posibilidad de que el desfibrilador —instalado un año antes— intentara restaurar el ritmo cardiaco durante la administración de pentobarbital, el sedante empleado en el protocolo estatal para la inyección letal. En audiencia en el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, sus abogados señalaron que el dispositivo podía descargar múltiples impulsos eléctricos en un intento de mantener con vida a Black, generando sufrimiento innecesario mientras su corazón se detenía por la acción del fármaco.
A finales del mes pasado, ese tribunal permitió desactivar el desfibrilador antes del acto, tomando en cuenta la posibilidad de dolor prolongado. Sin embargo, la Corte Suprema de Tennessee revocó la decisión el pasado jueves 31 de julio, indicando que el tribunal local no tenía jurisdicción para emitir fallos que pudieran implicar una suspensión de la sentencia. No obstante, los jueces estatales manifestaron que nada impedía a fiscales y defensores negociar la desconexión voluntaria del aparato, aunque no se registró avance en esa dirección poco antes de la ejecución.
El fiscal general estatal, Jonathan Skrmetti, sostuvo en declaraciones citadas por NBC News que no había pruebas concluyentes sobre sufrimiento relevante producto del desfibrilador durante la ejecución. Además, rechazó que Black padeciera incapacidad intelectual significativa e insistió en que su oficina procedería con la ejecución: “Nuestra oficina seguirá luchando por la justicia para la familia Clay y la rendición de cuentas de Black por sus crímenes”, sostuvo Skrmetti.
Trayectoria criminal de Byron Black y contexto en torno a las víctimas
Black fue condenado por los asesinatos en 1988 de su entonces pareja Angela Clay, de 29 años, y las hijas de ella, Latoya y Lakeisha, de 9 y 6 años respectivamente. En ese momento, Black participaba en un programa de trabajo externas debido a una sentencia previa por dispararle a Bennie Clay, el esposo separado de Angela, ocurrido poco más de un año antes de los crímenes.
Testimonios de familiares y la policía indicaron que Black había amenazado a Angela Clay, motivado por rumores de que ella planeaba terminar su relación y reconciliarse con su esposo. Bennie Clay relató al periódico The Tennessean y a la policía de Nashville que, pese a los hechos, perdonaba a Black y tenía intención de presenciar la ejecución. “Dios tiene un plan para todo. Tenía un plan cuando se llevó a mis hijas. Supongo que las necesitaba más que yo”, expresó Bennie Clay, según NBC News.
La condena a Black enfrentó múltiples aplazamientos. Previamente, la pandemia de Covid-19 forzó el retraso de procedimientos y, en fechas más recientes, un alto temporal en las ejecuciones de Tennessee se asoció a revisiones en el protocolo estatal de inyección letal.
Discrepancias médicas y dilemas éticos sobre la ejecución asistida
Durante la última audiencia en el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, comparecieron médicos expertos tanto del estado como de la defensa, con posiciones enfrentadas. La cardióloga Litsa Lambrakos, de la University of Miami Miller School of Medicine, testificó que Black entraría en coma rápidamente tras la administración del pentobarbital, lo que impediría que experimentase conciencia o dolor ante eventuales descargas del desfibrilador.
Por el contrario, la anestesióloga Gail Van Norman, de la Universidad de Washington, argumentó que dosis altas de pentobarbital pueden inducir paros cardiacos que el desfibrilador trate de corregir, provocando episodios eléctricos indeseados incluso si el condenado está inconsciente. “A veces los desfibriladores descargan shocks sin que sea necesario. Esto es devastador para los pacientes”, mencionó Van Norman ante el tribunal, según NBC News.
El dilema sobre quién asumiría la desconexión del dispositivo incluyó a organizaciones como la American Medical Association y la American Board of Anesthesiology, cuyos códigos de ética prohíben o, cuando menos, desalientan la participación activa de profesionales en procedimientos de ejecución.
Estado de salud, discapacidad y peticiones de clemencia ante el gobernador Lee
La defensa destacó las condiciones clínicas y mentales de Byron Black en los meses previos a la ejecución. Según la abogada Kelley Henry, Black padece insuficiencia cardiaca, demencia, insuficiencia renal, cáncer de próstata y movilidad reducida. Sus abogados aseguraron que en la actualidad “no representa peligro alguno” y que su salud física y mental se encuentra profundamente deteriorada.
En una carta enviada el mes anterior al gobernador Bill Lee, los representantes legales de Black pidieron clemencia señalando: “Su cuerpo está fallando y su mente se deteriora”, además de advertir que su familia —según los abogados, su mayor sostén actual— quedaría devastada tras la ejecución. En esa petición, advirtieron que cumplir la condena “no serviría a la justicia, sino que sería un acto irreversible de crueldad contra un hombre físicamente y mentalmente dañado”.
El caso reactivó el debate sobre las implicaciones jurídicas y éticas de la pena de muerte en situaciones de complejidad médica y fragilidad mental, en un contexto donde el escrutinio público, institucional y profesional, según la cobertura de NBC News, acompañó cada decisión judicial previa a la ejecución programada de Byron Black.
