Millones de personas en Estados Unidos podrían perder su cobertura de Medicaid si se aprueban los recortes propuestos por los legisladores republicanos en el Congreso. Los grupos más afectados serían personas de bajos ingresos, adultos mayores e inmigrantes que residen en el país sin estatus legal.
El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que supervisa el programa de seguro médico, está evaluando cambios significativos que afectarían a más de 70 millones de beneficiarios en todo el país.
Estas modificaciones forman parte de un plan más amplio para reducir el gasto federal en 880.000 millones de dólares, principalmente en Medicaid, con el objetivo de financiar recortes fiscales por 4,5 billones de dólares impulsados durante la actual administración.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), las medidas propuestas podrían dejar a 10,3 millones de personas sin acceso a ciertos servicios de Medicaid, mientras que 7,6 millones quedarían completamente sin seguro médico.
Entre los cambios más destacados se encuentra la implementación de nuevos requisitos laborales para adultos menores de 65 años que no tengan dependientes. Estos beneficiarios deberán cumplir con al menos 80 horas de trabajo remunerado o actividades de “compromiso comunitario”, como trabajo voluntario, para mantener su cobertura.
Las únicas excepciones se aplicarán a mujeres embarazadas y casos de dificultades temporales. Esta medida podría impactar especialmente a quienes tienen empleos irregulares o inestables.
Otra modificación incluye la introducción de copagos para ciertos servicios médicos. Los beneficiarios cuyos ingresos superen el 100% del nivel federal de pobreza, equivalente a aproximadamente 32.000 dólares anuales para una familia de cuatro integrantes, deberán pagar 35 dólares por algunos servicios. Sin embargo, no se aplicarán tarifas adicionales para visitas a salas de emergencia, atención prenatal, consultas pediátricas o chequeos médicos primarios.
El proyecto también contempla recortes dirigidos a inmigrantes sin estatus legal. Según el texto, los estados que permiten que estas personas se inscriban en Medicaid, como Nueva York y California, enfrentarán una reducción del 10% en los fondos federales asignados al programa.
Además, se prohibirá el uso de fondos de Medicaid para financiar servicios de Planned Parenthood y procedimientos relacionados con la transición de género, incluidos bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y cirugías para menores de 18 años inscritos en el programa, según Newsweek.
Otra medida que podría generar controversia es el aumento en la frecuencia de las verificaciones de elegibilidad para los adultos cubiertos bajo la expansión de Medicaid. Actualmente, estas revisiones se realizan anualmente, pero el proyecto de ley exige que se lleven a cabo cada seis meses.
Críticos han advertido que esta carga administrativa podría provocar que muchas personas pierdan su cobertura debido a retrasos en el papeleo o problemas logísticos.
El presidente del Comité de Energía y Comercio, el representante republicano Brett Guthrie, defendió las propuestas afirmando que los ahorros generados permitirán renovar los recortes fiscales de la era Trump y cumplir con las promesas del partido hacia las familias de clase media.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, argumentó que Medicaid debe enfocarse en poblaciones vulnerables, como mujeres embarazadas, personas mayores y discapacitados, y no en “hombres jóvenes y sanos sin dependientes”.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. El representante demócrata Frank Pallone, miembro destacado del comité, advirtió que millones de estadounidenses perderán su acceso a la atención médica si el proyecto se convierte en ley.
Pallone señaló que esto podría llevar al cierre de hospitales, dificultar el acceso de los adultos mayores a los servicios que necesitan y aumentar las primas de seguro para millones de personas.
En una declaración enviada por correo electrónico a Newsweek, Darbin Wofford, subdirector de atención médica en el grupo de expertos Third Way, calificó el proyecto como un ataque directo al programa Medicaid, argumentando que los recortes propuestos exacerbarán la crisis de deuda médica en el país.
El futuro del proyecto de ley dependerá de su aprobación en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría estrecha. Si logra superar este obstáculo, será enviado al Senado para su consideración.
