Florida está a un paso de convertirse en el segundo estado de Estados Unidos en prohibir la adición de flúor en los sistemas públicos de agua, tras la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes estatal con 88 votos a favor y 27 en contra.

Según informó NBC News, la medida, conocida como SB 700 o Ley Agrícola de Florida, ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis, quien, de ratificarla, consolidará esta decisión que ha generado un intenso debate entre legisladores, expertos en salud y comunidades locales.

El proyecto de ley no menciona explícitamente el término “fluoruro”, pero establece restricciones que, en la práctica, impedirían el uso de ciertos aditivos en el agua pública, incluyendo este compuesto químico.

Durante la sesión legislativa del martes, los defensores de la propuesta argumentaron que el flúor no mejora la calidad del agua y que su eliminación podría representar un ahorro significativo para los gobiernos locales.

Por otro lado, los opositores señalaron que esta medida podría tener un impacto negativo en la salud dental de los residentes, especialmente en las comunidades más vulnerables.

El representante demócrata Daryl Campbell, durante su intervención en la Cámara, expresó su preocupación por las consecuencias de esta decisión en los sectores menos favorecidos de la población.

“Este proyecto de ley no perjudica a los ricos. Seguirán acudiendo a dentistas privados, recibiendo sus costosos tratamientos y luciendo sus sonrisas perfectas. Pero para los floridanos comunes, quienes dependen del agua del grifo para proteger a sus hijos, este proyecto de ley elimina una herramienta de salud pública segura, probada y asequible”, afirmó Campbell.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también demócrata, manifestó su descontento con la decisión legislativa.

En una declaración oficial, calificó la medida como “profundamente decepcionante” y señaló que ignora el consenso de expertos médicos y dentales sobre los beneficios del flúor.

Levine Cava subrayó que “ningún estudio ha demostrado que la fluoración a niveles bajos sea peligrosa para nuestras comunidades, incluyendo a bebés y mujeres embarazadas”.

Además, advirtió que la eliminación de esta práctica podría tener consecuencias duraderas para la salud dental, especialmente en familias con menos recursos.

El debate sobre la fluoración del agua no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en los últimos años.

Según NBC News, el movimiento contra la fluoración ha ganado popularidad, impulsado en parte por figuras como Robert F. Kennedy Jr., jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien ha cuestionado los beneficios de consumir agua fluorada.

Además, legislaciones similares han sido propuestas en otros estados como Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Wisconsin y Carolina del Norte.

Florida seguiría los pasos de Utah, que se convirtió en el primer estado en prohibir el flúor en sus sistemas de agua pública. En marzo, el gobernador republicano Spencer Cox firmó una ley que prohíbe a cualquier entidad gubernamental añadir este mineral al agua, una medida que entrará en vigor el 7 de mayo.

En contraste, estados como Hawái, que nunca han exigido la fluoración del agua, enfrentan altos índices de caries dental. Un estudio de 2015 realizado por el Departamento de Salud de Hawái reveló que solo el 11% de los residentes del estado tienen acceso a sistemas comunitarios de agua fluorada, lo que coincide con la mayor prevalencia de caries entre niños en Estados Unidos.

Organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Dental Estadounidense y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han respaldado históricamente la fluoración del agua como una medida efectiva para fortalecer los dientes y reducir las caries.

Sin embargo, el creciente escepticismo hacia esta práctica ha llevado a un aumento en las iniciativas legislativas para restringirla.

La decisión final en Florida ahora recae en el gobernador Ron DeSantis, quien deberá determinar si firma o no el proyecto de ley.

De hacerlo, el estado se sumará a un debate nacional que enfrenta argumentos sobre salud pública, autonomía local y ahorro económico, con implicaciones significativas para millones de residentes.