Un tribunal de EE. UU. respalda que se ejecute el laudo de Antin que Bruselas ve ilegal

Madrid, 14 ago (EFECOM).- Un tribunal de EE. UU. ha respaldado la ejecución del laudo que ordenó a España a compensar con 101 millones de euros a la firma luxemburguesa Antin por retirar ayudas a las renovables, el mismo que la Comisión Europea (CE) declaró ilegal este marzo, cuando exigió al Estado que no lo pagara.

En su resolución, conocida este jueves, la corte para el distrito de Columbia no alude a la última decisión de Bruselas, sino al 'amicus brief', un documento de 2022 en el que la CE avalaba la postura española, pero donde, dice la instancia estadounidense, "ni siquiera se insinúa que España pueda ser sancionada como resultado de la orden del tribunal".

A finales de marzo, la CE concluyó que el laudo a pagar en favor de Antin constituía una ayuda de Estado incompatible con las reglas europeas, por lo que ordenó a España no efectuar ningún pago al respecto.

De acuerdo con Bruselas, el arbitraje dentro de la propia Unión Europea (UE) para resolver disputas entre Estados e inversores viola reglas comunitarias fundamentales sobre la jurisdicción última que tiene el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el principio del ordenamiento jurídico de la región.

A su modo de ver, y como ha venido defendiendo España, el 'caso Antin' fue una disputa intracomunitaria al haber sido iniciada por inversores de Luxemburgo y Países Bajos utilizando, para ello, el mecanismo de resolución de disputas de la Carta Europea de la Energía.

Sin embargo, el TJUE ya sentenció en 2019 que estas disposiciones no se pueden aplicar a este tipo de casos, que involucran a Estados miembros de la UE entre sí, por lo que "carecen de base legal" y violan los principios de autonomía del derecho comunitario y de confianza mutua entre socios.

Por todo ello, la CE recordó la obligación de los jueces nacionales de ayudar a España a cumplir esta decisión, incluyendo la toma de "todas las medidas necesarias para evitar el reconocimiento, la ejecución o la implementación del laudo arbitral en terceros países".

Aun así, la corte estadounidense da la espalda a los argumentos de España, que en el marco de este procedimiento aportó el citado 'amicus brief' de la CE.

El Estado alegó entonces que como, por aquellas fechas, Bruselas todavía no había autorizado el desembolso del laudo, atender la petición de Antin obligaría a España a violar sus obligaciones y la expondría a litigios en tribunales nacionales y procedimientos de infracción "por valor de cientos de millones de euros".

Ahora, la Justicia de EE. UU. no cree que cumplir con el laudo pueda conllevar, en este caso, "dificultades asociadas -posibles sanciones económicas- que pesen significativamente", y las ve como "meramente especulativas".

En este punto, no contempla la decisión adoptada por la CE en el primer trimestre de este año, sino únicamente el documento de 2022 aportado por el Estado español, en el que Bruselas -prosigue- "ni siquiera insinúa que España pueda ser sancionada como resultado de la orden de este tribunal".

Al margen del laudo por el 'caso Antin', la misma instancia se ha opuesto a la petición de España de desestimar la demanda de RREEF, que desarrolló dos plantas solares en Andalucía y cuyo caso -en el que la indemnización reconocida ronda los 60 millones de euros más intereses de demora- ha sido gestionado por Blasket Renewable Investments.

Hace un año, el Tribunal de Apelaciones para el distrito de Columbia rechazó la inmunidad soberana alegada por España en varios procesos de ejecución y dio el visto bueno a que los afectados por los impagos registraran sus laudos en aquel país, al considerar que los tribunales de distrito tenían jurisdicción sobre ello.

Lo hizo porque, desde su perspectiva, España renunció a la inmunidad en el momento en el que ratificó el convenio del Ciadi, la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington (EE. UU.).

Fuentes próximas a ambos procedimientos aseveran que las empresas afectadas insisten en llegar a un acuerdo, pero anuncian que, de persistir los impagos, iniciarán nuevos embargos en las próximas semanas.

Las reclamaciones obedecen a la reducción de la rentabilidad aprobada por el Gobierno del PP en 2013 para la mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado para atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.

Conforme a los datos del Ministerio para la Transición Ecológica hasta julio, España ha conseguido reducir en un 85 % el importe demandado por los inversores internacionales, de 10.645 millones de euros. EFECOM